Tras las acusaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre posibles irregularidades administrativas, malversación de fondos y lavado de dinero, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado en el que negó de manera categórica cualquier maniobra irregular.
“Es objetivamente falso afirmar que la AFA se escapó, que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal”, sostuvo el texto publicado en redes sociales.
La entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia detalló que respondió formalmente a la intimación cursada por la IGJ este lunes, cubriendo los pedidos de información sobre los ejercicios contables de los años 2017 a 2023.
Según la AFA, la citación de contadores que avalaron los balances tanto de la AFA como de la Superliga está prevista para este jueves y viernes, mientras que la entidad aclaró que, de no cumplir con la intimación antes del 20 de enero, el Gobierno podría designar veedores.
A su vez, la asociación explicó que el cambio de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires fue “aprobado en Asamblea, fiscalizado por veedores de la IGJ y debidamente notificado y certificado por el propio organismo”.
“El acta de la asamblea se encuentra pública y disponible, incluso en plataformas abiertas como YouTube”, señaló y añadió que la IGJ emitió un Certificado de Vigencia que confirma que la entidad estaba al día con la presentación de estados contables y documentación post-asamblearia.
En el texto publicado este martes por la mañana se remarcó que la entidad “nunca desconoció la existencia de trámites pendientes ante la IGJ” y que durante 2025 contestó todas las vistas formuladas en el trámite de reforma de estatuto pendiente de inscripción. También aclaró que presentó “en tiempo y forma, todos sus balances” desde 2017 hasta 2024, y que solo una vista fue notificada formalmente.
El organismo concluyó que “es falso afirmar que la AFA pretendiera eludir obligaciones o sustraerse al control estatal” y que todas sus actuaciones se realizaron bajo el “ejercicio regular de un procedimiento legal previsto por la normativa de ambos organismos”.
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