Organismos de derechos humanos y ONGs preparan acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia.
Según indicaron, que se trata de un “plan de vigilancia masiva que pone en riesgo la protección de derechos básicos”.
El decreto, firmado el 31 de diciembre pasado, ya fue calificado por más de 20 ONG como “manifiestamente inconstitucional”.
“Al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener, es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia”, afirmaron Amnistía Internacional, CELS, Poder Ciudadano, ACIJ, Greenpeace y otras organizaciones.
El CELS presentó un amparo colectivo, mientras que las ONG reclaman al Congreso activar la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).
“La respuesta no debe ser solamente judicial. Los reclamos sociales deben tener una respuesta política”, señaló Diego Morales, director de Litigio del CELS, en diálogo con Página/12.
El DNU otorga facultades inéditas a la SIDE: agentes pueden detener personas, acceder a información de más de quince organismos públicos y convocar a las Fuerzas Armadas para tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”.
Todas las actividades tienen carácter “encubierto” y se amplía la noción de enemigo interno. “Nos preocupa no solo la falta de debate democrático, sino también el debilitamiento de los controles que produce el decreto”, agregó Paola García Rey, de Amnistía Internacional Argentina.
Hay al menos cinco amparos judiciales en curso y presentaciones internacionales en preparación.
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