En apenas 13 días hábiles de vigencia, la “ley de inocencia fiscal” provocó un verdadero vaciamiento del fuero penal económico, donde los jueces comenzaron a cerrar expedientes que quedaron fuera del ámbito penal.
Con la nueva normativa, la evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones, la agravada de $15 millones a $1.000 millones, y la evasión mediante terceros de $2 millones a $200 millones, incrementos de hasta 9.900%.
“Son muy pocas las causas que pasan los montos”, reconoció un funcionario judicial en diálogo con La Nación, señalando que de más de 300 expedientes, solo quedaron cuatro vinculados a facturación apócrifa.
El cierre de causas se da tanto por pedidos de defensores, como por decisión de los magistrados, aplicando el principio constitucional de la ley penal más benigna.
Los fiscales, por su parte, optan por no apelar o incluso respaldan el archivo de expedientes. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) instruyó la aplicación “universal e irrestricta” de la norma, alineando criterios históricos divergentes.
El impacto ya se refleja en decisiones concretas: Casación revocó la condena a G.G.M S.A., empresa de calzado, y a su presidente, Guillermo Gotelli, al considerar que los montos mensuales retenidos eran inferiores al nuevo umbral de $3,5 millones. Según la Sala III, no había delito y la causa regresó al tribunal de origen para definir la atipicidad de la conducta.
Para los jueces que apoyan la nueva normativa, la ley no es una “amnistía fiscal”, sino una forma de “dotar de mayor coherencia al sistema y delinear una política criminal verdaderamente focalizada en los grandes evasores”.
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