La plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025, sigue pendiente y generó este lunes una huelga que paralizó el inicio del cuatrimestre en universidades de todo el país. Se extenderá, en la mayoría de los casos, durante toda la semana y se espera un segundo paro del 23 al 30 de marzo.
La norma establece recomposición salarial, actualización de becas y partidas para ciencia, hospitales y funcionamiento universitario, además de convocatorias periódicas a paritarias. Sin embargo, decretos del Ejecutivo y recursos judiciales frenan su aplicación efectiva, lo que profundiza la crisis del sector.
El paro, convocado por el Frente Sindical Universitario, tuvo un alto acatamiento: aulas cerradas, pasillos vacíos y estudiantes que solo acudieron para confirmar la suspensión de clases. En la UBA, Plaza Houssay se transformó en epicentro del conflicto, con docentes, no docentes y alumnos cortando el tránsito en Filosofía y Letras, mientras otros edificios permanecían desiertos.
Los gremios denuncian que la pérdida salarial acumulada alcanza casi un 40% en dos años y exigen la reapertura de paritarias.
Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, destacó la adhesión total de los docentes: “No va a volar una mosca”.
Mercedes de Mendieta, de AGD-UBA, alertó sobre renuncias y la búsqueda de trabajos alternativos por la precariedad salarial, y advirtió que el deterioro afecta directamente la continuidad académica.
El conflicto no solo impacta a docentes y no docentes, sino también a más de 2 millones de estudiantes y al funcionamiento de hospitales universitarios y colegios preuniversitarios. Las organizaciones gremiales anticipan que, mientras no se aplique la ley y se recuperen los salarios, la tensión en el sistema educativo continuará escalando en las próximas semanas.
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