La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF y ratificó que la petrolera no tiene responsabilidad directa en el proceso.
La decisión abre la puerta a un último recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque expertos estiman que es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el caso.
El conflicto se remonta a 2015 y alcanzó un punto crítico en 2023, cuando la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino a pagar más de US$16.100 millones a accionistas minoritarios, incluidos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park, por violar los derechos estipulados en el estatuto de la compañía durante la estatización del 51 % de YPF en 2012.
Tras el fallo inicial, todas las partes apelaron. En octubre de 2025, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon durante 96 minutos los argumentos de la defensa argentina, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford, que adquirió los derechos de litigio tras la quiebra de Petersen.
La estrategia de defensa argentina combinó tres líneas: que el caso debía resolverse en tribunales locales, la supuesta interpretación incorrecta de la normativa societaria y administrativa por parte de Preska, y un planteo sobre la forma de calcular la indemnización.
Este último argumenta que el monto debería ajustarse según el tipo de cambio de 2023, cuando se dictó la sentencia, y no al de 2012, lo que reduciría la compensación a unos US$4.920 millones, según estimaciones oficiales.
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