El funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), pieza central en las causas por apropiación de menores durante la última dictadura, quedó en el centro de la escena judicial luego de una serie de advertencias sobre su situación actual. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, pidió informes para conocer el estado de las muestras, su conservación y el avance de los análisis en curso.
En paralelo, otro magistrado federal, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar interina para asegurar la continuidad del organismo y dispuso intimaciones al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de garantizar su funcionamiento.
La decisión se tomó ante alertas previas de la dirección técnica del BNDG sobre limitaciones para continuar con la toma de muestras.
El pedido de Kreplak se centra también en los procedimientos activos de cotejo de ADN y en la capacidad operativa del organismo, que resguarda alrededor de 32.000 muestras vinculadas a causas de lesa humanidad, según estimaciones de Abuelas de Plaza de Mayo.
Ese archivo incluye material genético de familiares que buscan a niños apropiados y de personas que dudan sobre su identidad.
Las alertas judiciales se originaron tras presentaciones de unidades fiscales especializadas en delitos de apropiación de menores, que advirtieron sobre demoras y dificultades logísticas para la recolección de muestras fuera de la sede central del banco.
Ramos Padilla destacó la relevancia del BNDG como una herramienta “esencial e irremplazable” en este tipo de investigaciones, al tratarse en muchos casos de la única prueba científica disponible para reconstruir identidades.
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