La situación de atraso en los pagos a prestadores del sistema de discapacidad derivó en una intervención de la Justicia federal en Córdoba, que ahora exige al Estado nacional regularizar las deudas para garantizar la continuidad de las prestaciones.
La medida fue dictada por el juez Hugo Vaca Narvaja, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por organizaciones del sector. El fallo alcanza al PAMI y al Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, y apunta a asegurar el funcionamiento de centros terapéuticos y servicios esenciales para personas con discapacidad.
En el origen de la causa, la abogada Marta Lastra impulsó un amparo colectivo en representación de entidades como Defendamos Córdoba, junto a instituciones y prestadores que vienen denunciando dificultades crecientes para sostener la atención por la falta de pagos.
La resolución judicial advierte que la demora en las transferencias impacta directamente en tratamientos, coberturas y dispositivos de asistencia, lo que pone en riesgo la continuidad de la atención de miles de personas en todo el país.
El conflicto se da en un contexto de creciente tensión entre el sector y la gestión del presidente Javier Milei, a quien organizaciones sociales y prestadores señalan por el recorte y la desfinanciación del sistema.
El fallo establece que los organismos deben normalizar de inmediato los pagos adeudados y fija una medida cautelar por seis meses o hasta que se dicte sentencia definitiva. Además, prevé sanciones en caso de incumplimiento y exige informes periódicos sobre la situación financiera y el estado de las deudas.
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