Tras una fiscalización oficial, el gobierno bonaerense imputó a Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en sus términos y condiciones. La investigación, realizada por la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores, identificó más de diez posibles infracciones a la ley de defensa del consumidor.
El análisis abarcó el funcionamiento del ecosistema digital de la compañía, incluyendo servicios como pagos y créditos. Según las autoridades, algunas disposiciones generarían un “desequilibrio” entre la empresa y los usuarios, en perjuicio de estos últimos.
Entre los puntos observados figuran la falta de precisión en el cobro de tarifas, la aceptación automática de cambios contractuales, la transferencia de responsabilidades al usuario ante usos indebidos de cuentas y limitaciones para iniciar reclamos judiciales.
También se cuestionaron cláusulas que eximen a la empresa de responsabilidades por fallas técnicas o que habilitan débitos sobre cuentas vinculadas.
Desde la gestión de Axel Kicillof señalaron que la actuación se inició de oficio y remarcaron que la compañía concentra una alta cantidad de reclamos en la provincia, con miles de denuncias registradas en lo que va del año.
Frente a esta situación, la empresa deberá presentar su descargo en un plazo de cinco días hábiles. También puede proponer modificaciones en las cláusulas cuestionadas para cerrar el expediente. En caso contrario, se expone a una sanción económica que podría alcanzar los $1.815 millones.
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