Una investigación judicial en Córdoba derivó en el procesamiento del titular de una clínica de fertilización asistida, acusado de integrar una maniobra de trata de personas con fines de explotación reproductiva.
La decisión fue adoptada por el juez Alejandro Sánchez Freytes, en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal encabezado por Enrique Senestrari y con intervención de la PROTEX.
Además del dueño del centro médico, fueron procesados una empleada administrativa —vinculada familiarmente al directivo— y un abogado, señalado también por falsedad ideológica.
Los tres quedaron imputados por haber captado mujeres en contextos de extrema vulnerabilidad para incorporarlas a esquemas de gestación subrogada con fines económicos. Para garantizar eventuales reparaciones, el juzgado dispuso embargos por $1.051.200.000.
Según la acusación, las mujeres eran reclutadas a partir de bases de datos de donantes o redes sociales y luego “tentadas” para gestar a cambio de sumas cercanas a los 10 mil dólares.
El expediente describe un circuito en el que se avanzaba con tratamientos incluso sin autorización judicial previa, eludiendo controles clave sobre el consentimiento.
El fallo menciona situaciones críticas, como la falta de seguimiento médico tras un parto complicado o la exposición a riesgos severos por embarazos consecutivos en plazos mínimos.
También se atribuye al abogado un rol activo en la organización, al manejar un “stock” de gestantes y dar instrucciones para simular vínculos inexistentes ante la Justicia, incluso indicando a las mujeres que “no hablen de más”.
El magistrado aclaró que, si bien la gestación por sustitución no está prohibida, puede convertirse en delito cuando media explotación, abuso y ausencia de consentimiento real. En paralelo, dictó sobreseimientos para otros involucrados al no acreditarse su participación en la maniobra.
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