Las explicaciones públicas de Manuel Adorni sobre sus inversiones en criptomonedas activaron un nuevo movimiento judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió que se incorporen de inmediato las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, a la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El pedido fue elevado al juez Ariel Lijo y apunta a analizar la información presentada ante la Oficina Anticorrupción, incluyendo las rectificaciones correspondientes a 2023 y 2024 y la declaración del período 2025, que el funcionario aseguró haber presentado recientemente.
El contenido de esos documentos será cruzado con el informe que elabora la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo que evalúa ingresos, gastos, deudas y evolución patrimonial. Ese análisis buscará determinar si “las cuentas cierran” y, en caso contrario, cuantificar un eventual incremento injustificado.
En una entrevista televisiva, Adorni sostuvo que acumuló ahorros durante 25 años de actividad privada y que en 2013 comenzó a invertir en Bitcoin. Según su versión, partió de unos 200.000 dólares y llegó a reunir cerca de 500.000, fondos que permanecieron fuera del sistema formal. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, afirmó.
Los investigadores, sin embargo, mantienen dudas sobre la trazabilidad de ese dinero y la capacidad real de ahorro del matrimonio. También analizarán ingresos adicionales declarados, como la venta de bienes heredados.
Si el informe contable no despeja las inconsistencias, el fiscal podrá avanzar con un requerimiento formal de justificación patrimonial. De persistir las sospechas, el próximo paso sería citar a Adorni a indagatoria en los tribunales federales.
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