El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni en una causa que investiga presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas y la evolución de su patrimonio.
El planteo se concentra especialmente en la posible “omisión maliciosa”, al considerar que existen elementos suficientes para sostener ese grado de sospecha.
La presentación fue realizada ante el juzgado federal que subroga Daniel Rafecas y se inscribe en una investigación que abarca el período 2023-2026.
Según la fiscalía, un dato clave es que trabajó previamente en un área vinculada al control de declaraciones juradas, lo que refuerza la hipótesis de que conocía los requisitos formales para su correcta presentación.
El expediente cobró impulso luego de que Adorni rectificara en varias oportunidades su declaración ante la Oficina Anticorrupción. En esas correcciones incorporó una herencia por $21 millones, modificó la valuación de su vivienda en City Bell y sumó cuentas bancarias que no habían sido informadas inicialmente.
La causa, iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, busca determinar si existió “un presunto incremento patrimonial no justificado” desde su ingreso a la función pública nacional.
En ese marco, la Justicia ordenó medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario, pedidos de informes a más de 30 organismos y la recolección de documentación sobre sus cargos, ingresos y movimientos financieros. También se requirieron datos al Banco Central y a Migraciones para reconstruir su actividad económica.
Los cambios en sus declaraciones incluyen variaciones en deudas, bienes y patrimonio total, que pasó de $62,3 millones a $102,7 millones en un año. La investigación continúa abierta y corre en paralelo a otra causa que involucra a su hermano, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
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