El caso que involucra a Valentina Cabana y a su hija recién nacida, Evangelina, continúa bajo investigación a ocho meses de los hechos ocurridos en una clínica de Tartagal, en la provincia de Salta, donde ambas murieron tras una cesárea de urgencia. La familia sostiene que el desenlace estaría vinculado a una infección bacteriana contraída durante la intervención.
“No voy a dejar de luchar por mi hija y mi nieta”, expresó Mariana Aranda al llegar a la capital provincial, tras completar una caminata de más de 400 kilómetros desde General Mosconi. Y remarcó: “Solo quiero justicia por ellas”.
La travesía a pie se convirtió en el símbolo más visible del reclamo. Durante días, Mariana avanzó por rutas y caminos del interior salteño con la única certeza de que cada paso era una forma de mantener viva la memoria de su hija y su nieta. El cansancio, el frío y la distancia no frenaron una decisión tomada desde el dolor: convertir el propio cuerpo en herramienta de denuncia frente a una espera que se volvió insoportable.
Su arribo abrió nuevas instancias en el expediente. En la ciudad de Salta fue recibida por el coordinador general del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, en el marco de un reclamo que busca acelerar el avance de la investigación.
Días después, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, intervino directamente en la causa y firmó la Resolución N° 1739/26, mediante la cual dispuso que el caso pase a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1, a cargo del fiscal penal Santiago López Soto.
A partir de esa decisión, la fiscalía especializada quedó a cargo de continuar con la investigación, mientras que las definiciones procesales serán resueltas por el juez de Garantías interviniente.
Desde el Gobierno provincial, el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, aseguró que el Estado dispone de herramientas para acompañar el proceso y pidió que se avance en el esclarecimiento de lo ocurrido.
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