La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Estado reincorporar de forma inmediata a una trabajadora trans cuyo contrato no fue renovado, al considerar que la decisión careció de fundamentos suficientes frente al régimen de protección vigente.
El tribunal, integrado por Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, dejó sin efecto el fallo de primera instancia y otorgó una medida cautelar hasta que se resuelva el fondo del caso, vinculado al cumplimiento del cupo laboral del 1 % previsto por la ley 27.636.
La mujer había sido contratada bajo modalidad temporal entre 2023 y 2024 y fue notificada por correo electrónico de la finalización del vínculo. Tras ello, solicitó su reincorporación al sostener que la medida era discriminatoria y desconocía su inclusión dentro del esquema de acción positiva.
Los jueces entendieron que, en este contexto, la administración debía extremar la justificación de su decisión. Recordaron que “el principio de igualdad y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado” y remarcaron la obligación de garantizar derechos de grupos históricamente vulnerados.
También concluyeron que la desvinculación no estaba “prima facie adecuadamente motivada”, lo que habilita la intervención judicial para evitar un perjuicio mayor mientras avanza la causa.
El Estado había argumentado que se trataba de un contrato vencido y que se cumplía con el cupo legal, además de invocar una reestructuración de áreas. La Cámara consideró que esos argumentos no resultaban suficientes en esta etapa y priorizó la protección de la trabajadora hasta que se dicte una sentencia definitiva.
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