La Libertad Avanza logró reunir los votos necesarios para iniciar una sesión clave en el Senado, donde puso en agenda el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y un paquete de 36 pliegos judiciales. La iniciativa sobre tierras propone modificar el régimen vigente para la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros, mientras que los nombramientos apuntan a cubrir vacantes en distintos tribunales.

El punto más relevante del proyecto de propiedad privada es la eliminación de los límites actuales para que ciudadanos extranjeros puedan comprar tierras. La propuesta mantiene restricciones para Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, salvo que exista autorización de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, establece que en zonas de frontera será necesaria una aprobación adicional de las autoridades nacionales y provinciales. La iniciativa incorpora también el silencio administrativo: si no existe una objeción dentro de los 180 días, la operación quedaría habilitada.

El Gobierno busca avanzar con una reforma que habilita la compra ilimitada de tierras por extranjeros

La llegada de la sesión estuvo atravesada por tensiones dentro del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel había expresado reparos sobre la convocatoria y mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. “¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?”, le cuestionó Villarruel durante el intercambio.

El proyecto también incluye cambios sobre desalojos e incumplimientos de alquileres. Para inmuebles ocupados de manera ilegítima contempla procedimientos más rápidos de restitución, mientras que en contratos de alquiler fija una instancia previa de intimación antes de avanzar con el desalojo.

En paralelo, el oficialismo busca aprobar 36 pliegos judiciales. Entre ellos figura la continuidad del camarista Víctor Pesino y la designación de Juan Rodríguez Ponte en un juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá intervención en causas vinculadas al exintendente Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

El Gobierno sostiene que, con estas designaciones, habrá logrado cubrir 110 de las aproximadamente 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.

 

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