La decisión del Gobierno de avanzar con la derogación de la Ley 25.542 abrió una fuerte discusión dentro del sector librero. La norma, vigente desde 2001, establece que los libros deben comercializarse con un precio uniforme en todo el país y fue creada con el objetivo de evitar una competencia desigual entre grandes operadores y pequeñas librerías independientes.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostiene que la regulación impide aplicar descuentos y limita la posibilidad de que los lectores accedan a ejemplares más baratos. Sin embargo, quienes defienden la continuidad de la ley advierten que la eliminación del esquema podría generar un escenario desfavorable para los libreros que no tienen la capacidad económica de competir con grandes cadenas o plataformas digitales.
Según los defensores de la norma, el precio único funciona como una herramienta para preservar la diversidad del mercado. Al impedir que determinados actores utilicen rebajas agresivas como estrategia comercial, busca evitar procesos de concentración que puedan dejar fuera a los comercios independientes.
Los libreros también remarcan que una librería no es solamente un punto de venta, sino un espacio cultural donde existe asesoramiento, recomendación y circulación de autores y obras que muchas veces no encuentran lugar en los canales dominados por algoritmos o criterios de rentabilidad.
El sistema de precio fijo del libro rige en países como Francia, Alemania, España y Japón, donde se considera que la lectura requiere políticas específicas de protección.
Para quienes rechazan la derogación, el debate no se reduce al precio final de un ejemplar, sino al modelo de mercado que quedará después: uno con una red diversa de librerías independientes o uno concentrado en grandes empresas con mayor capacidad comercial.
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