La Justicia Federal de Salta obligó a una empresa de medicina prepaga a continuar financiando la escolaridad de un niño de 10 años con autismo y discapacidad intelectual leve en el colegio privado al que asiste desde hace seis años.
La Sala II de la Cámara Federal rechazó la apelación de la compañía y confirmó que deberá afrontar los costos educativos del ciclo lectivo 2026, con el límite establecido por el nomenclador nacional para personas con discapacidad.
El tribunal consideró que la permanencia en esa institución era clave para sostener los avances logrados por el menor. Los informes médicos, terapéuticos y pedagógicos incorporados al expediente destacaron mejoras en su autonomía, comunicación y vínculos sociales.
El especialista que lo atiende había recomendado mantener la continuidad escolar para alcanzar “un mayor compromiso en autocuidados, comunicación y conexión”. Además, uno de los reportes señaló que “la elección de la institución ha sido un factor fundamental para el progreso que hoy puede observarse”.
La prepaga había rechazado la cobertura al argumentar que la escuela había sido elegida por la familia y que existían alternativas dentro del sistema público.
Sin embargo, los jueces señalaron que la empresa no logró demostrar que hubiera otra institución con condiciones similares de inclusión y acompañamiento.
En la resolución, los magistrados remarcaron que el caso debía analizarse según las circunstancias particulares del niño y advirtieron que un cambio de escuela podía provocar “retrocesos, dificultades de adaptación y aumento de conductas desreguladas”.
Por ese motivo, priorizaron “el interés superior del niño” y confirmaron la obligación de mantener la cobertura educativa.
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