En el marco del ciclo de conferencias de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina, y moderada por su presidente y juez, Dr. Mario Velázquez, se llevó a cabo una disertación académica a cargo del Dr. Gustavo Alberto Arocena. El conferencista, cuya trayectoria como docente de la Universidad Nacional de Córdoba y su recurrente participación en este foro lo posicionan como una voz ineludible en la materia, propuso una revisión crítica de las transformaciones del derecho penal en la denominada tardomodernidad.

La sesión tuvo un carácter particularmente emotivo al constituirse como un sentido homenaje a la memoria de Claus Roxin, cuya reciente ausencia física marcó el tono de una charla que buscó honrar su legado de racionalidad y humanismo. Arocena articuló su discurso retomando las bases de su propia obra fundamental gestada hace ya una década, aunque puso especial énfasis en la vigencia de estos dilemas al contrastarlos con la magnífica producción bibliográfica que Silva Sánchez entregara apenas el año pasado, demostrando que el equilibrio entre la eficacia punitiva y las garantías liberales sigue siendo el eje gravitante de la disciplina.

El análisis del Dr. Arocena exploró el complejo tejido social que sostiene al derecho penal actual, recurriendo a las coordenadas filosóficas de Byung-Chul Han y las sociológicas de Silva Sánchez para diagnosticar una sociedad de modernidad tardía caracterizada por la complejidad y la globalidad del cambio.

En este escenario, el ponente advirtió sobre un fenómeno alarmante: la desaparición de la "otredad" y la extrañeza, lo que transmuta la percepción del delincuente en un objeto de rechazo autorreferencial, eliminando la posibilidad de comprender al infractor como un sujeto con alteridad. Bajo la égida de la denominada "sociedad del riesgo", el derecho penal opera bajo una suerte de anemia funcional, donde la respuesta punitiva se convierte en un mecanismo estratégico de control social que, lejos de resolver conflictos de manera sustantiva, actúa meramente como un catalizador de la exclusión frente a aquello que la sociedad percibe como una amenaza a su hiperpositividad.

Al abordar la evolución de la dogmática, el conferencista describió la transición desde el modelo penal tradicional hacia las estructuras de seguridad y el polémico "derecho penal del enemigo" conceptualizado por Günther Jakobs. En este tránsito, se destacó la consolidación de los funcionalismos, evidenciando una crisis del concepto de "bien jurídico" como límite infranqueable al castigo, el cual ha sido desplazado por la necesidad de garantizar la vigencia de la norma por sobre la protección de soportes materiales. Esta expansión normativa o "pampenalismo" encuentra su expresión más descarnada en el modelo del enemigo, donde el sujeto es interceptado en un estadio previo y combatido por su supuesta peligrosidad; Arocena fue enfático al señalar a Guantánamo como el ejemplo ostensivo de este paradigma, donde el trato cruel e inhumano se naturaliza al despojar al individuo de su estatuto de persona y privarlo de todo contacto con las garantías procesales más elementales.

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El diálogo académico se desplazó hacia las fronteras disruptivas de la ciencia, donde las neurociencias y la inteligencia artificial cuestionan los pilares del derecho penal liberal. El Dr. Arocena sintetizó cómo los estudios sobre el funcionamiento de la corteza prefrontal ponen en tela de juicio el libre albedrío y, por ende, la culpabilidad como fundamento del reproche, señalando una contradicción flagrante en el discurso público: mientras la ciencia demuestra que el centro de toma de decisiones sociales no termina de madurar sino hasta pasados los veinticinco años, el populismo penal reclama la baja de la edad de imputabilidad basándose en intuiciones acientíficas. En paralelo, la tecnocratización de la delincuencia y el impacto de los algoritmos en la parte especial exigen una reevaluación del principio de legalidad, ante la insuficiencia de los tipos penales clásicos para aprehender fenómenos de una complejidad técnica que desborda la exégesis tradicional.

Respecto de la realidad práctica, la ponencia evaluó críticamente los sistemas acusatorios de "etiqueta" y la pugna entre el elitismo académico y el populismo retributivo. Arocena denunció el "fraude de etiquetas" en modelos procesales como el de Córdoba, recordando que, si bien la reforma de 1991 permitía al fiscal dictar la prisión preventiva, la persistencia de facultades de detención en manos del acusador sigue quebrando la verdadera adversarialidad. Para ilustrar el divorcio entre el "ghetto" académico y la realidad territorial, el conferencista relató la anécdota de una vecina de un barrio populoso que, ante la pregunta de un magistrado sobre por qué no salió a mirar tras escuchar disparos, respondió con cruda sencillez que si saliera cada vez que hay tiros tendría que vivir con una silla puesta en la puerta. Esta desconexión explica, en parte, la crisis de los modelos que abandonan la tradición de la "búsqueda de la verdad real" de Vélez Mariconde para adoptar una visión norteamericana del proceso como una contienda bélica donde lo único que importa es ganar, independientemente de la justicia material.

Finalmente, el Dr. Arocena concluyó su exposición con una apelación a la humildad institucional, instando a reconocer las profundas limitaciones cognitivas y epistémicas que atraviesan al derecho penal tardomoderno. Admitir la falibilidad de los juicios y la fragilidad de las bases científicas sobre las que se construye el sistema es el primer paso indispensable para relegitimar la administración de justicia frente a una sociedad divorciada de sus instituciones. La reflexión final, cargada de compromiso profesional, subrayó que solo a través del reconocimiento de nuestra propia incapacidad y del abandono de actitudes altaneras podrán los operadores judiciales reconstruir el vínculo ético con la ciudadanía, asumiendo que el derecho penal debe ser, ante todo, un ejercicio de prudencia frente al inmenso poder del Estado.

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