El reportero gráfico al que el asesor presidencial le tomó una foto a su credencial de prensa señaló que no planea hacer una denuncia penal. "Lo que nos toca como periodistas es no dejar de repudiar esta política estatal y continuar haciendo información", señaló.
La cuestionada medida abarca a quienes hayan cometido delitos de flagrancia y fue confirmada por el ministro de Defensa, Luis Petri. Desde la oposición afirmaron que es ilegal.
El pedido fue presentado este viernes por el fiscal federal Franco Picardi tras una denuncia por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La causa está en manos de Ariel Lijo.
El Presidente irrumpió este jueves por la mañana en un estudio de televisión donde se realizaba una entrevista al economista Jesús Huerta de Soto, defendió la gestión libertaria y habló del rol de los abogados y el Estado.
La medida fue anunciada por el Ministerio de Justicia y publicada en el Boletín Oficial.
“No hay nada ilícito y todo va a salir a la luz”, aseguró sobre la causa y negó haber recibido coimas a cambio de su voto en la Ley Bases.
Tanto el dirigente social como la exsubsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano son abogados. El Tribunal de Disciplina los llamó luego de la fuerte discusión que mantuvieron durante una audiencia del año pasado en la causa que investiga la distribución de alimentos retenidos por el Gobierno.
Se trata del subprefecto Duarte Arredondo, quien realizó tareas de inteligencia ilegal sobre varios magistrados y fiscales. Tiene un embargo de $5.000.000.
El abogado y dirigente apuntó a la cúpula de Ejecutivo por el caso del token $LIBRA. Enumeró los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y estafa.
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