El juez federal Claudio Bonadio dispuso este lunes a las 15:10 en su despacho de Comodoro Py el procesamiento de la senadora nacional Cristina Kirchner atribuyéndole la condición de "jefa de una asociación ilícita" que cobraba fondos ilegales provenientes de coimas o dádivas por un valor estimado por el magistrado de "55.460.000 de dólares" en el ámbito del Estado nacional", según la resolución que adjunta Tiempo Judicial. En tanto, procesó a 41 personas entre ex funcionarios como De Vido y López, y empresarios beneficiarios de obras públicas de la talla de Roggio y Pescarmona, entre otros.
El 17 de febrero de 1992, Italia amaneció sacudida por un terremoto. Pero lo que tembló no fue la tierra sino la clase política, el sector empresarial, y los ciudadanos que, anonadados, vieron cómo empezaba a desmoronarse un perverso y aceitadísimo sistema de corrupción que garantizaba a una determinada lista de empresas su participación en las licitaciones de obra pública, mezclado todo con extorsión y financiamiento ilegal de los partidos.
Se conoce como "Manos Limpias o Mani Pulite" (NdR: en idioma italiano) a un proceso judicial italiano llevado a cabo por el fiscal Antonio Di Pietro en 1992. El proceso descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a todos los principales grupos políticos del momento y a diversos grupos empresariales e industriales.
La operación comandada por un discreto fiscal de Milán, Antonio di Pietro, fue conocida como Mani Pulite (Manos Limpias) y la mecánica desactivada se bautizó Tangentopoli, por “tangente”, soborno en italiano, y desde el norte se extendió después a toda la península.
El procesamiento es con prisión preventiva e incluye un nuevo pedido de desafuero al Senado de la Nación. La medida del magistrado incluye al ya detenido diputado nacional suspendido Julio De Vido, y a Roberto Baratta y José López, como así también numerosos empresarios y otros exfuncionarios del área de Planificación Federal.
Según detalla el auto de procesamiento, la maniobra delictiva consistía en “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado nacional”.
Bonadio habla de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015”. El procesamiento incluye un embargo por la suma de cuatro mil millones de pesos.
Entre los múltiples procesamientos, aparece "Rudy" Olloa quien fuera chofer de Néstor Kirchner, el financista Rafael Llorens, Nelson Lazarte, Claudio Uberti, todos ex funcionarios del kirchnerismo o ligados a Néstor y Cristina Kirchner.
Empresarios detenidos: Carlos Mundin, Carlos Wagner y Armando Losón.
¿Empresarios a la cárcel?
Según la resolución del juez Claudio Bonadio, hubo pagos ilegales por 55.460.000 de dólares entre 2003 y 2015, aunque el flujo que sostiene que “circuló” dentro de la organización fue de 100 millones de dólares.
De los hombres de negocios procesados, seis siguen presos: son los que no cedieron a declarar bajo la figura del arrepentido o que no ofrecían la información que el juzgado esperaba. En el sector de imputados colaboradores hubo procesamientos con prisión preventiva que el juez admitió aliviar por ahora con exenciones de prisión.
Hubo seis procesados sin preventiva y seis con falta de mérito. El fallo describe a los empresarios como quienes “por avaricia y codicia también se llenaron los bolsillos" mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”.
Javier Sanchez Caballero, ex-gerente general de IECSA, empresa de Ángelo Calcaterra, primo del presidente. Y Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería y Radio del Plata, entre otras empresas.
Se totalizaron 42 procesamientos, que incluyen a la totalidad de los exfuncionarios de Planificación con Julio De Vido a la cabeza y a los empresarios que van desde: Luis Betnaza (Techint) a Angelo Calcaterra (primo presidencial y extitular de IECSA), pasando por Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Enrique Pescarmona y Aldo Benito Roggio o Hugo Eurnekian, Gabriel Romero o Néstor Otero; 6 faltas de mérito -que curiosamente incluyen a Javier Sánchez Caballero, Héctor Zabaleta, Jorge Neira y Francisco Valenti- cuatro de los primeros detenidos que aparecían reiteradamente en los escritos de Centeno pagando sobornos por IECSA, Techint, Electroingeniería y Pescarmona.
Asimismo fueron procesados el exjuez Norberto Oyarbide y Javiér Fernández, integrante de la AGN y operador judicial del kirchnerismo. y también fue procesado el autor de los "cuadernos", el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, como "miembros de la asociación ilícita para cometer actos de corrupción".
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