La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó al presidente Mauricio Macri su carta de renuncia que se hará efectiva el 31 de diciembre próximo. Según fuentes del gobierno, los posibles candidatos a ocupar el cargo vitalicio son el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; los fiscales Raúl Pleé, Ricardo Sáenz, José María Campagnoli y Carlos Stornelli. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó hoy la renuncia de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
“En el día de hoy la procuradora me envió su renuncia, le estamos dando curso en el ministerio en este momento y será operativa a partir del 31 de diciembre. Es algo que había pedido el gobierno y valoramos el paso que ha dado la procuradora. Seguramente en estos días el presidente acepte formalmente la renuncia”, sostuvo Garavano.
“Es necesario avanzar hacia la transformación del sistema de justicia penal, lograr un fortalecimiento del Ministerio Público para el liderazgo en el combate al narcotráfico, al delito, a la corrupción y entendemos que para eso era necesario un cambio”, agregó el ministro.
“El Ministerio Público es aquel que debe liderar la persecución penal en un sistema acusatorio adversarial, por eso es importante que haya muchos controles y contrapesos, de hecho muchas de las cosas que se le han cuestionado a la procuradora han tenido que ver con decisiones de fuerte impacto institucional tomadas unipersonalmente, hay que avanzar en esa línea”, aclaró Garavano al tiempo que consideró como “muy prematuro” hablar de reemplazos
La decisión fue comunicada a través de una carta fechada hoy, 30 de octubre, en la Ciudad de Buenos Aires, pueblicada en el sitio fiscales.gob.ar.
"A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal", aseguró la titular del Ministerio Público Fiscal.
El pasado 20 de octubre, el juez Pablo Cayssials avaló la remoción de la procuradora sin necesidad de recurrir al mecanismo del juicio político al considerar “inconstitucional” el artículo 76 de la Ley 27.148, del Ministerio Público, que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su cargo.
Gils Carbó manifestó su "esperanza" en que su decisión "disuada reformas que rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia".
A su vez, pesa sobre la procuradora el procesamiento en la causa, a cargo del juez Julián Ercolini, que investiga irregularidades en la compra del edificio del Ministerio Público Fiscal, ubicado en Perón 667, por el que se pagaron casi 44 millones de pesos en 2013.
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