La Cámara de Casación analiza un nuevo sorteo de la causa por la muerte de Nisman por “manifiestas irregularidades en el software del poder judicial”. La denuncia fue primicia de Tiempo Judicial hace exactamente 10 días en esta nota.
Mientras Estados Unidos ofreció al gobierno de Mauricio Macri, su colaboración para investigar la causa de la muerte del fiscal de la Unidad Amia, Alberto Nisman, la causa se volverá a sortear por supuesta manipulación del proceso en el que se designó a Julián Ercolini, juez a cargo de la pesquisa.
Levanta polvareda en la justicia federal el software Lex 100 que demostró innumerables veces que no resulta eficiente y permeable para ser manipulado con la finalidad de direccionar las causas sensibles y designar a jueces afines.
El primer sorteo “irregular por donde se lo mire”, según expresó Ricardo Monner Sans y que denunció ante la justicia federal, recayó en el juzgado de Julián Ercolini. Magistrado de cercana relación con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Tras impulsar la supuesta maniobra ilegal que incluso habría habilitado el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, responsable de los sorteos, la dupla compuesta por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, investigarán el Forum Shoping en el sorteo de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
La presunta maniobra fue denunciada por este medio con la documentación y pruebas que llevaron a la desvinculación de su cargo a Gabriel Mehlman, Director de la Unidad Informática del Poder Judicial, representante de la Corte Suprema ante el Consejo de la Magistratura.
Bonadio y Rivolo analizan que debería volver a sortearse la causa porque caso contrario, los planteos de nulidades de las partes involucradas, incluso de los abogados de las hijas del ex fiscal, Alberto Nisman, serían habilitadas y la integridad de la investigación de fondo peligraría, confirmaron fuentes allegadas.
“Tamaña irregularidad considerada un vicio en el sistema judicial” podría generar la parálisis de la investigación y hasta su posterior inexistencia con sustento en las nulidades, explican los entendidos.
De esta manera, la ley habilitaría a priorizar la “presunción de inocencia” de los investigados por el presunto homicidio del fiscal en calidad de cómplices o responsables directos como el caso del suicidio inducido en su caso. Si no se volviera a sortear, se inhabilitarían las pericias psicológicas solicitadas por Ercolini y sería una “estafa social”, explican cercanos al fiscal Rívolo. “Resulta inaceptable para Rívolo que se manosee una causa, menos esta de relevancia para la argentina”, explican sus colaboradores.
De hecho, los abogados de Diego Lagomarsino, señalado como posible cómplice del homicidio, o parte esencial ante la entrega del arma a Nisman, planteó recursos y nulidades que atentan contra su derecho a defensa. Sus abogados argumentan que “las dilaciones en la causa vulneran sus garantías constitucionales, igualdad ante la ley, debido proceso y defensa”.
Estos planteos fueron aceptados por Julián Ercolini y ahora la Cámara de Casación resolverá si debe sortearse de nuevo la causa o no. Según pudo reconstruir este medio se inclinaría por volver a sortear la investigación ante “las irregularidades manifiestas”. Además, se evitarían responsabilidades penales para el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun de quien depende el proceso como del personal que intervino en el accionar.
Fue el mismo Irurzun, que impulsó una acción penal ante la “posibilidad de la existencia de un delito de acción pública”, tal como lo publicó este medio en exclusiva hace más de 10 días.
Un software sin seguridad. En la justicia federal este caso desató malestar entre los magistrados y funcionarios “de buena fe” ya que el sistema Lex 100 que se utiliza para la informatización y sorteos de las causas no funciona.
Más aún, como cualquier software de dimensiones debería tener habilitado un sistema de seguridad que los técnicos consultados denominan “Firewall”. Los informáticos del Consejo de la Magistratura consultados pos Tiempo Judicial admitieron que el Poder Judicial paga mensualmente altas cifras por este sistema de seguridad que no puede habilitarse porque significa la caída total del sistema.
El software se adquirió a partir de una licitación millonaria que costó $70 millones con gastos adicionales de $200 millones de pesos en adquisición de computadoras e insumos, aunque el monto final de instalación, adecuación, capacitación de personal, horas trabajadas, y mantenimiento resultaría “incalculable”, detallan fuentes judiciales.
Tras la denuncia efectuada en Febrero de 2016 por Monner Sans por la supuesta irregularidad en el procedimiento licitatorio, el juez Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuán están a cargo de esa investigación que en nada avanzó hasta la fecha.
La documentación presentada por Monner Sans demostraría que se trató de una maniobra millonaria que encubriría una “simulación” además de haber sido realizada a través de “normas derogadas”. Para el denunciante se trató de una presunta estafa por 64 millones de pesos tras la contratación de un software que ya pertenecía a la justicia. La maniobra habría sido llevada a cabo por la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático (UEPI), creada en el 2009 y dependiente del Consejo de la Magistratura.
Monner Sans pidió que se investigue a los integrantes de la UEPI, Gabriel Melhman, Carlos Tate, Jorge Nasisi, Juan Carlos Cavo y Alejandro Falcone, como a los integrantes de la Comisión Evaluadora , Alfredo Catoira, Alfredo Quiñones, Eduardo Parody y Marcelo Gallo Tagle, dependientes de la Corte Suprema y la Magistratura.
Todos ellos, entre 2009 y 2011, licitaron el software de gestión del Poder Judicial, aunque en el escrito figuran también como posibles responsables otros funcionarios que ya se encuentran imputados por la justicia federal por supuestos desvíos en las obras públicas, Germán Krieger, ex administrador del poder judicial, Luis Alberto Devoto, Secretario de Asuntos jurídicos y Walter Eusebio, director de Administración.
La denuncia se extiende también a los directivos de la firma ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A. – BASE 100 S.A. UTE (Unión Transitoria de Empresas), adjudicataria de la licitación pública, por una suma cercana a los $ 64.000.000, equivalente a U$S 20.000.000 de ese momento.
Ariel Lijo es amigo personal del presidente de la Corte, y su esposa fue nombrada en la Secretaría de Recursos Naturales que funciona en el Máximo Tribunal, razón por la que magistrados del fuero federal desconfían en que esta investigación avance.
Si bien la Unidad de Informática depende del Consejo de la Magistratura, Daniel Marchi, el Administrador General del Máximo Tribunal habría intervenido en el proceso licitatorio a través del Comité de Inversiones que preside Lorenzetti. El hombre de la Corte en la Unidad Informática era Gabriel Melhman, separado de su cargo por el Administrador General del Consejo de la Magistratura, Juan Carlos Cubría.
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