Se presentó hoy el informe sobre Violencia de Género de la Defensoría General de la Nación de 2015 que refleja las limitaciones de la Justicia cuando las mujeres denuncian. El análisis, realizado por los Servicios de asesoramiento y patrocinio gratuito, indica que el 34 por ciento de las asistidas manifestaron que los denunciados incumplieron las medidas de restricción y que en el 24 por ciento se registraron nuevas agresiones.

 

El análisis se hizo sobre 1209 expedientes judiciales de patrocinio gratuito que se encontraban activos al 30 de septiembre de 2015. La inmensa inmensa mayoría configuran casos de violencia en las relaciones interpersonales (854 casos), de los cuales el 89 por ciento mantienen o mantuvieron una relación de pareja.

 

 El documento fue presentado por la Defensora General de la Nación, Stella maris Martínez, junto a la Comisión de Temáticas de Género del organismo que por mes otorga asesoramiento a 66 casos nuevos cada mes.

 

Según el informe, el 42 por ciento de las veces, las personas asistidas se encontraban en una situación de riesgo alto. En nueve de cada diez casos, ya habían hecho la denuncia en la OVD y habían obtenido al menos alguna medida de protección. Sin embargo, en más de la mitad de esos casos 53 por ciento, fue necesario requerir nuevas medidas, las que en su enorme mayoría fueron concedidas 94 por ciento. Estos datos indican la importancia de contar con patrocinio jurídico para la mejor defensa de los derechos de las mujeres.

 

Además, en más de la mitad de los procesos (54%), la notificación de las medidas de protección otorgadas judicialmente quedó a cargo de la denunciante, lo que burocratiza innecesariamente el trámite y obliga a las víctimas a lidiar con la policía para que las medidas puedan ser efectivas.

 

El 87 por ciento de las asistidas son madres y, de ellas, una alta proporción tienen hijos/as en común con la persona denunciada. En más de la mitad de los casos, las consultantes señalan que sus agresores sufren algún tipo de adicción, en general asociadas al consumo problemático de alcohol y drogas.

 

El estudio advierte que la estructura tradicional de los procesos y de los órganos del sistema de administración de justicia no ha sido pensada para tramitar este tipo de casos, lo cual explica sus dificultades para responder de modo apropiado a las peculiaridades y desafíos que ellos presentan. Entre los principales obstáculos, se señala que los procesos de violencia no concluyen con una sentencia que permita comprobar los hechos denunciados y desprender consecuencias jurídicas.

 

Además, las denuncias de estos hechos suelen derivar en distintos procesos judiciales, que son llevados adelante por operadores judiciales que muchas veces carecen de especialidad o formación en la materia. Estas circunstancias aconsejan la evaluación de cambios legislativos que propicien nuevas formas de estructurar los procesos y los organismos del sistema de administración de justicia para que puedan ofrecer respuestas efectivas y adecuadas.