El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que representa a más de 125 mil abogados manifestó en una solicitada su "profundo" rechazo a la actitud asumida por los Diputados en relación al tratamiento del Proyecto de Ley de Honorarios para Abogados presentado por el colectivo de trabajadores.
El proyecto ya cuenta on media sanción unánime de la Cámara de Senadores de la Nación. "La urgencia en tratar el proyecto para los trabajadores del Derecho surge de manera prístina, necesaria y apremiante", expresa el CPACF. La solicitada está firmada por el presidente del Colegio, Jorge Rizzo y por el Secretario General, Pablo Dameschik.
La actual ley de honorarios para abogados data de la última dictadura militar en 1978; la última actualización fue en 1992. Según el CPACF la situación económica del país no resiste el sostenimiento de dicha ley. "Creemos que 24 años de retraso y paciente espera es tiempo eficaz y suficiente para que nuestros reclamos sean atendidos, como es manda constitucional, por los representantes de la voluntad popular".
Para el CPACF, los diputados, interesados en "cuestiones sostenidas por el lobby y los intereses políticos encubiertos de distintos grupos de presión" dilatan el tratamiento del proyecto.
Además, calificaron el proyecto presentado por la Federración Argentina de Colegios de Abogados (FACA) como "inconstitucional e innecesario".
El colectivo de trabajadores sostiene que FACA "pretende hoy avasallar las autonomías de las Provincias que componen la República así como la de la Ciudad de Buenos Aires, con un proyecto de ley que unifique la matrícula federal para ejercer la profesión de abogado en el ámbito federal y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación bajo su entidad".
"Lo único que se pretende es aniquilar el estado federal con el mezquino fin de recaudar el valor de una nueva matrícula y un bono de actuación profesional de los abogados de la República Argentina. Con ello, no sólo se violentarían los arts. 1o, 5o, 121° al 129° de la Constitución Nacional y la ley 23.187 (que es posterior a la creación de la Federación Argentina de Abogados y que tiene el control de la matrícula delegado por el Estado), sino que además se generaría un costo adicional para litigar a los abogados, obligándolos al pago de dos matrículas para ejercer en igual modo que lo hacen el día de hoy, cuando sólo deben abonar una".
Para el CPACF es una "absoluta falta de respeto" hacia los abogados que la Cámara de Diputados se dedique a tratar temas que "sólo perjudican la labor profesional, encareciéndola y obstaculizándola tanto para el profesional como para el ciudadano, bajo la apariencia de un control que ya es ejercido muy eficazmente no sólo por la colegiaturas locales sino por las Cámaras Federales de todo el país".
Por último, el CPACF exhorta a los diputados "haciendo hincapié que su tarea debe volcarse exclusiva y excluyentemente a los intereses de sus votantes y no a la de sus eventuales socios políticos".
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