La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió un extenso conflicto entre el sector de los taxis y las plataformas de transporte como Uber, DiDi y Cabify, y dispuso que su actividad debe ser regulada bajo criterios equivalentes a los del servicio tradicional.
La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, en el marco de un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis contra el Gobierno porteño y las empresas digitales.
El tribunal consideró que existió una “omisión ilegítima” por parte del Estado al no ejercer control suficiente sobre estas plataformas, lo que generó una competencia desigual con los taxistas.
Uno de los puntos centrales del fallo es que los jueces rechazaron la idea de que se trate de un simple “servicio privado” y definieron la actividad como transporte de pasajeros, alcanzado por las normas del Código de Tránsito y Transporte.
En ese marco, se estableció que los conductores deberán contar con licencia profesional y seguros obligatorios para el vehículo, los pasajeros y la responsabilidad civil, mientras no exista una ley específica que regule el sector.
El tribunal también cuestionó la falta de fiscalización estatal, señalando que se permitió una “apariencia de regularidad” en un sistema que no cumple con los mismos requisitos que los taxis.
Además, se advirtió sobre la desigualdad generada, ya que los taxistas deben cumplir con fuertes exigencias administrativas e impositivas, mientras las plataformas operaron sin controles equivalentes.
Como medidas, el fallo ordena avanzar en el cobro de Ingresos Brutos a las plataformas, revisar el esquema de aranceles del sistema de taxis y reforzar la información al usuario sobre las condiciones del servicio.
La sentencia aclara que será la Legislatura la encargada de dictar una regulación definitiva para el sector.
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