El juez federal de Mendoza Walter Ricardo Bento desbarató y procesó con prisión preventiva a nueve integrantes de una banda acusada de defraudar al Estado mediante la obtención de tiras reactivas e insulina en nombre de afiliados del PAMI que, en los hechos, no consumían dichos productos.

 

La maniobra, con la que se estafó a la administración pública en un monto que rondaría los 50 millones de pesos, incluía, según el procesamiento, "su posterior reventa en el mercado informal obteniendo consecuentemente un beneficio económico".

 

"Se habrían obtenido medicamentos a costo cero o bajo costo a los que luego se les habrían colocado troqueles apócrifos a fin de ser enviados a otras provincias y de este modo obtenido una ganancia con su comercialización, ganancia derivada del medicamento ilegalmente obtenido en perjuicio del PAMI", escribió el magistrado.

 

La investigación, en la que intervino el fiscal federal mendocino Fernando Alcaraz y la UFI PAMI, a cargo de Javier Arzubi Calvo  se originó cuando al propietario de una cadena de farmacias mendocina le llamara la atención que una misma persona retiraba medicamentos con datos de distintos afiliados. La denuncia fue realizada por el entonces director Ejecutivo de la delegación del PAMI mendocino. 

 

Jorge Godoy, empleado del PAMI desde el 2009, y su esposa, Rosmary Lourdes Insua Blangetti, cotitular de las farmacias y de la droguería, es empleada de la delegación provincial de la ANSES, son dos de los nueve integrantes de la familia que el juez Bento procesó por defraudación y como parte de una asociación ilícita.

 

Según el juez, Godoy "habría tenido conocimiento del procedimiento necesario para la autorización de las recetas y la liquidación de las mismas, como por ejemplo los datos que las mismas debían contener, médicos que podían figurar como firmantes, clínicas prestatarias o instituciones intermediarias de PAMI cuyos sellos deben obrar al dorso de las recetas, que era necesario obtener los números de los beneficiarios y conocer los códigos de autorización".

 

Por su parte, Insua Blangetti "habría permitido conocer los datos de los beneficiarios del PAMI y quienes se encontraban o no fallecidos", según indicó el magistrado. 

 

Las dos farmacias de la familia ahora procesada con prisión preventiva también tuvieron un salto en la facturación con el negocio de la insulina y las tiras reactivas. En las escuchas encargadas por la Justicia, y tal como consta en el expediente, los detenidos hablan de la confección de los troqueles apócrifos y de, por ejemplo, los sellos que se usaban para las recetas.