Con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación, a través de la cual, en la provincia de Salta la enseñanza religiosa integra los planes de estudio. Así como también invalidó la obligación de los padres de manifestar si desean que sus hijos reciban “educación religiosa”.

 

La demanda había sido entablada por una ONG que patrocinó a un grupo de padres salteños de alumnos de escuelas públicas. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) inició una acción de amparo colectiva contra la Provincia de Salta (Ministerio de Educación), y plantearon la inconstitucionalidad del art. 27, inc. Ñ de la ley provincial de educación 7546, en cuanto dispone que la instrucción religiosa "integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo ala creencia de los padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos pupilos. Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa".

 

La mayoría de los jueces de la CSJN declararon la inconstitucionalidad de la normativa salteña y el juez Horacio Rosatti consideró que la ley es constitucional, y exhortó a la provincia para "que instrumente las medidas necesarias para adaptar los contenidos curriculares de la materia y disponga el cese de todo rito religioso durante la jornada escolar". Exhortó asimismo "a controlar socialmente el respeto por la tolerancia y pluralidad religiosa y de pensamiento, sin discriminación alguna".

 

El juez Carlos Rosenkrantz no suscribió la sentencia pues se excusó de intervenir en la causa con motivo de que al momento de promoverse la acción de amparo era miembro de la Asociación por los Derechos Civiles, coactora en estas actuaciones.

En la causa también se cuestionó el artículo 49 de la Constitución provincial que establece el derecho de recibir en la escuela pública educación religiosa que esté de acuerdo con las convicciones de los padres o tutores de los alumnos. La Corte consideró que esta norma es válida porque está en consonancia con la libertad que reconocen los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional.

En tanto, sentenció que "es inconstitucional el inciso “ñ” del art 27 de la ley de educación salteña n° 7546. En la causa se cuestionó esta norma en cuanto dispone que la instrucción religiosa integra los planes de estudio, se imparte dentro de los horarios de clase y sus contenidos y habilitación docente requieren el aval de la respectiva autoridad religiosa. 

 

En el mismo sentido, fue cuestionada la Disposición n° 45 de la Dirección de Educación Primaria de la provincia, que prevé la obligación de entregar un formulario en el que los padres deben manifestar si desean que sus hijos reciban “educación religiosa” y, en caso afirmativo, en qué creencia desean que sean instruidos.

 

La Corte declaró ambas "normas inconstitucionales porque consideró probado que en numerosas escuelas públicas de la provincia de Salta se enseña y practica la catequesis de un solo culto (el católico apostólico romano) y ello es discriminatorio y afecta la privacidad de los alumnos".

 

Con respecto al límite de la privacidad, los jueces que votaron en mayoría estableció que la Constitución establece un ámbito en el que "cada individuo es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea". En ese contexto, dijeron que "aceptar como principio que alguien pueda ser obligado a revelar sus creencias religiosas, por más insignificante que pudiera parecer en algunos supuestos, es abrir una grieta en el sistema de derechos fundamentales". "La tolerancia de lo que parece irrelevante es lo que ha desencadenado, en otros países, un descenso progresivo hacia lo intolerable", argumentaron los supremos.

 

"La creencia religiosa es algo privado y la coerción para revelarla genera graves afectaciones de derechos humanos", expresó la Corte y explicó que este tipo de situaciones es lo que está causando graves problemas en otras regiones del mundo y es visible en el derecho comparado.

 

La Corte finalmente invalidó la obligación de completar y entregar el formulario creado por la Disposición n° 45 de la Dirección de Educación Primaria de la Provincia de Salta por ser violatoria al derecho a la intimidad. Se basó en pruebas concretos que acreditaron que hubo presencia de alumnos en el aula durante las clases de catequesis pese a que sus padres habían exteriorizado su voluntad de que sus hijos no recibieran educación religiosa, o bien habían manifestado en forma expresa que no profesaban religión alguna.

 

El principio de neutralidad religiosa

 

Sobre este último punto, el Máximo tribunal de Justicia del país consideró que "el respeto a todas las creencias, incluso quienes no creen (agnósticos) es una base fundacional de la convivencia pacífica entre los distintos credos y comunidades que pueblan la Argentina, sin que pueda sostenerse ninguna preferencia: esta ecuanimidad del Estado frente a las creencias de sus habitantes da sentido al principio de neutralidad religiosa".

 

La Corte Suprema también recordó que la Constitución Nacional establece la igualdad de oportunidades "sin discriminación en el acceso a la educación". Y entendió que "para compatibilizar este derecho con la libertad de profesar el culto que cada uno desee, sostuvo que resulta necesario que en la escuela se pueda acceder a una formación neutral". La enseñanza de la religión puede realizarse fuera del horario de clase, sugirieron los jueces a las escuelas católicas salteñas. También sostuvo que en la escuela, fuera del horario de clase, todos aquellos que deseen recibir enseñanza religiosa pueden hacerlo.

 

Es la doctrina que surge del modelo que estableció la ley 1420 de educación pública de 1884, según la cual “la enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión, antes o después de las horas de clase”.

 

La Corte afirmó que la decisión de profesar una religión –o de no profesar alguna- es absolutamente personal, propia de la intimidad de cada persona. La obligación de completar y entregar el cuestionado formulario ─el que queda agregado al legajo escolar del alumno─ resulta claramente violatorio del derecho que tiene toda persona de no revelar un aspecto de su esfera personal ─tales como los pensamientos o la adhesión o no a una religión o creencia─ en tanto obliga a divulgar una faceta de la personalidad espiritual destinada a la dimensión propia de cada individuo y en ese sentido resulta contraria al derecho a la intimidad que reconoce el artículo 19 de la Constitución Nacional.