Luego de la cuarta marcha federal impulsada por la comunidad universitaria, el Gobierno volvió a marcar distancia del reclamo y endureció su discurso. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que la protesta “es política y está organizada por partidos opositores”, y rechazó que se trate de una movilización exclusivamente educativa.
En declaraciones radiales, el funcionario cuestionó la viabilidad de la Ley de Financiamiento Universitario al afirmar que “nació muerta” porque “viola el primer principio, que es el presupuestario”.
En esa línea, explicó que la normativa “debe indicar dónde tienen origen los fondos” y, de lo contrario, “será promulgada y suspendida en el mismo acto”.
Álvarez también apuntó contra autoridades universitarias que participaron del reclamo. Sobre el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres, señaló: “Lo escuchaba hablando como si fuera un inocente profesor y es político profesional”.
En otro tramo, criticó lo que definió como “hipocresía” en el debate universitario. “El gestor defiende el ingreso irrestricto y tiene un amparo para poner cupo en todas las carreras”, dijo, y sostuvo que “eso hay que financiarlo”.
Respecto de la masiva movilización en Plaza de Mayo, donde se estimaron unas 120.000 personas, Álvarez relativizó el número: “Vos podés llevar 5 millones pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí. Ojalá haciendo manifestaciones nosotros pudiéramos cambiar la realidad que nos dejaron”.
El funcionario defendió además el sistema de acceso a las universidades y descartó cambios inmediatos: “Como está la ley de educación superior hoy no podemos obligarlos”, indicó.
También cuestionó estadísticas sobre estudiantes extranjeros y cerró con una comparación del costo por graduado: “Un ingeniero de la UTN sale 50 millones de pesos; un artista sale 423 millones”, dijo, y remarcó: “No estamos en contra del arte, pero queremos corregir la desvirtuación de la educación pública”.
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