Por Miguel Piedecasas
Abogado - Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación 2017/2018.
El Consejo de la Magistratura de la Nación comienza un nuevo ciclo 2017/2018, en el cual deberá materializar una serie de objetivos que hagan al mejoramiento del servicio de justicia. En ese sentido, se propondrá el mantenimiento del ritmo de trabajo en la Comisión de Selección de Magistrados, que en estos tres años ha elevado, a la fecha del plenario del 7 de diciembre, 143 ternas contra 45 de la gestión 2011/2014 y se proyecta intentar lograr la meta de las 200 ternas o en su caso superarlas.
De esta manera ingresaremos definitivamente en el camino de normalización de la cobertura de vacantes y eliminaremos la problemática de deficiente prestación del servicio de Justicia por colocar al subrogante en la tarea de atender la prestación de dos o más Juzgados o Tribunales.
El Congreso de la Nación debe colaborar en esta normalización y aprobar la necesaria ley de subrogaciones que permita contar con una norma constitucionalmente válida para dar cobertura a aquellas vacantes que se corresponden con la excepcionalidad o provisoriedad y no al proceso natural de selección de magistrados.
La Comisión de Disciplina y Acusación deberá mantener el ritmo logrado y de esa manera, las denuncias que se realizan respecto de la conducta y desempeño de los magistrados deben culminar en tiempo oportuno y ser tramitadas, como se viene realizando, con la mayor seriedad y responsabilidad institucional que corresponde.
De esta manera, el Poder Judicial y la Sociedad despejarán toda duda sobre conducta y desempeño de los Jueces de la Nación y ello permitirá un mayor grado de confianza sustentable en el sistema de Justicia.
Las auditorias ordenadas, en materia de corrupción, narcotráfico y gestión del fuero laboral, en diversas etapas de ejecución cada una de ellas, culminarán y serán informados sus resultados en el transcurso del año 2018 y de esa manera se constituirán en documentos institucionales de alto valor para el diseño de políticas judiciales en la materia, fundadas sobre datos ciertos y objetivos y no meras especulaciones.
En este curso, también se encuentran las auditorías solicitadas a la SIGEN y AGN sobre el sistema informático y cuyos resultados nos brindarán un completo relevamiento y diagnóstico que habilitaré; las instancias de estudio y adecuación en pos del mejor funcionamiento de dicho sistema y a la vez en una más segura y eficiente prestación del servicio de justicia.
La política del Consejo en materia de auditorías, debe ser mantenida y acompañada de la correspondiente mirada sobre modelos de evaluación de gestión que existen en otros países y que brindan importantes resultados y que inciden directamente sobre la transparencia y mejor funcionamiento del sistema de justicia.
En igual sentido se debe seguir trabajando en materia de transparencia y acceso a la información pública, incrementando la actividad desarrollada y cumpliendo con las pautas de la reciente reglamentación de la ley de acceso a la información pública que aprobó el Pleno del Consejo y que brinda las herramientas necesarias para que existan canales de fácil acceso a la información pública e incremente las posibilidades de participación ciudadana; ejes estos de una base de transparencia que redundará en el mejoramiento de la gestión del Consejo y del Poder Judicial.
Se debe dar respuesta a los reclamos en materia de recursos humanos y edilicios del Poder Judicial, de ello no cabe duda alguna y en ese sentido se intentará lograr incrementar la ejecución de los planes de obra que se encuentran en trámite y culminación de otras que se encuentran avanzadas, aumentando la articulación del Estado en sus diversas manifestaciones en pos de ese objetivo de bien común.
La optimización en la gestión de recursos; la desburocratización de los procedimientos; la despapelización y la necesaria expansión del expediente digital, nos enfrentan a una verdadera apuesta central cuál es la de producir una revolución tecnológica en el ámbito de la Justicia, que acortará tiempos; ofrecerá transparencia y permitirá una sustancial y estructural modernización del Sistema de Justicia.
El Consejo de la Magistratura es el órgano que conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia y articulando con los demás poderes del Estado, tiene como función y deber propender y accionar en pos de la consecución de estos objetivos, reclamados por la sociedad y en beneficio común de los justiciables y del propio Poder Judicial y en ello nos encontramos comprometidos.
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