En base a un informe de inteligencia remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) –y de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la Ley 25.246- denunció el pasado viernes a las firmas OCA S.R.L., Grupo Damasco y Grupo Rhuo, entre otras sociedades, y a las personas físicas que aparecen relacionadas entre sí, por la posible comisión de los delito de lavado de activos y evasión tributaria. Tras el sorteo de rigor, la presentación recayó ante el Juzgado en lo Penal Económico N°3, con intervención de la Fiscalía Penal Económico N° 8.

 

La empresa postal OCA, Organización Coordinadora Argentina SRL, es la principal firma involucrada: la acusación se extiende a firmas como el Grupo Rhuo -que controla OCA- y el Grupo Damasco, el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros misma, la Mutual del sindicato y el empresario Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA. La acusación se centra en pases de fondos, transferencias y giros sospechosos entre las empresas de Farcuh y Moyano.

 

En la denuncia se señala a las empresas OCA S.R.L., Grupo Damasco, Grupo Rhuo, y las sociedades que estas incluyen. Asimismo, se menciona al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, y a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros. También, en relación a las personas físicas, la denuncia menciona al actual director de la empresa de correspondencia, Patricio Farcuh, Hugo Moyano y su hijo, Pablo Moyano.

 

Frente a la presentación efectuada por la UIF, la PROCELAC estimó que, si bien dicho informe da cuenta de indicios de lavado de activos y de evasión tributaria suficientes como para formular una denuncia, era necesario judicializar el caso, dado que la corroboración de tales extremos exige la concreción de medidas probatorias que, por sus características, requieren de intervención y autorización judicial, como ser el levantamiento de secretos fiscales y bancarios.

 

Además de la PROCELAC, el informe también fue presentado en el Juzgado en lo Penal Económico N°9, en virtud de que allí se encuentra radicada una investigación por evasión tributaria.