“Quiero decir a la sociedad que ni las compañeras, ni los chicos, ni yo; somos violadores, tampoco matamos a nadie”. Así empieza el video en el que cinco mujeres privadas de su libertad se grabaron hace dos días desde la Unidad Penal 33 en Los Hornos. “Estamos presas injustamente en el pabellón de madres con un nene de 5 meses, una de 4 meses, otro nene de 2 meses y dos compañeras embarazadas. Así le queremos contar una realidad que nadie les muestra. Que alguien nos diga, jueces, ministros , gobernadores, ¿qué están esperando? ¿que el virus entre en la cárcel?”.
Con tapabocas puestos las mujeres miraban de frente pronunciando su reclamo; tres de ellas sosteniendo a sus hijos bebés. Ellas, como otras privadas de su libertad en la Unidad 8, sostienen un reclamo común: el cumplimiento de su derecho a acceder al beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia.
Rosana Locascio es abogada y docente del programa UBA XXII en contextos de encierro. A raíz de la pandemia, se unió con colegas para colaborar con la situación de distintas unidades penitenciarias, supliendo las actividades de defensores oficiales, presentando habeas corpus y peticiones. “En el Pabellón 7 hay cinco mujeres con enfermedades de riesgo, y en el Pabellón 11 hay siete con otro tipo de patologías”, explicó a Tiempo Judicial. “De las 188 mujeres que están en las unidades 33 y 8 hay 17 con hijos y 3 embarazadas”.
La 33 lleva cuatro días de huelga de hambre, mientras que quienes protestan en la Unidad 8 tuvieron que cesar de su medida bajo amenazas de que les quitaran sus teléfonos e incluso a sus hijos.
“La huelga es para que se les otorgue el arresto domiciliario en la pandemia, es un derecho a protestar pacíficamente”, aclara Rosana. “Las amenazas causan mucha angustia: este es un reclamo al Poder Judicial, no al servicio penitenciario. Muchas de ellas ya están en condiciones de que sus propios defensores oficiales presenten los habeas corpus, pero no lo hacen”.
Los defensores oficiales postergan y postergan. “Se olvidan”, dice Gladys, “piden que esperemos y esperamos, como siempre”. Pero esperar, en estos tiempos, es un gran riesgo. A medida que pasan los días, la amenaza de que el COVID-19 entre en las unidades se acrecenta: si bien los casos en La Plata se mantienen bajos -54 positivos hasta el mediodía del viernes 8-, la posibilidad del contagio dentro de la Unidad supone un peligro mayor para las trece mujeres con patologías previas y las más de veinte con hijos o embarazadas.
Varias de las mujeres privadas de su libertad en las unidades 8 y 33 se presentaron también como amicus en el habeas corpus colectivo y correctivo presentado por La Cantora. Una de sus integrantes, Azucena Racosta, explicó a Tiempo Judicial que lo que solicitan es que todas las personas detenidas con preventiva deben tener morigeraciones en esas medidas y ser excarceladas. “En la Provincia hay un 110% de sobrepoblación carcelaria, es decir que hay 26.000 que deberían estar excarceladas con morigeración o a la espera del juicio en su domicilio. Esa es nuestra postura”, comentó sobre la presentación.
Mientras tanto, desde la Unidad 33, Gladys resalta que ella y sus compañeras “no pedimos que nos regalen nada”. “Hay madres y embarazadas que son primarias, tienen condena de cuatro años para abajo, ya llevan su tiempo y tampoco les dan el arresto domiciliario. Están pasando sobre la constitución nacional, hay leyes que se tienen que respetar, todo preso tiene que recuperar su libertad respetando sus beneficios”.
La situación de las cárceles en la Provincia de Buenos Aires previa a la pandemia ya era preocupante. En mayo 2019 el 48,79% de las personas privadas de su libertad no contaban, a esa fecha, con una condena firme. Sumado a este dato, en octubre de 2019 el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó una capacidad de alojamiento de 28.810 personas mientras que en total albergaba 49.452 personas.
Más allá de la ahora urgente amenaza de un contagio masivo dentro de las unidades que podría poner en riesgo la vida de más de treinta personas sobre una población de menos de doscientas -sin contar a quienes trabajan dentro del penal y el contacto que estas personas podrían tener con gente de afuera-, organismos como el CELS denunciaron sistemáticamente la peligrosidad del hacinamiento, la arbitrariedad de las prisiones preventivas y sus riesgos en la vulneración de derechos en la Provincia de Buenos Aires. El problema no es nuevo.
“Cometimos un delito, sí, por algo estamos acá”, dice Gladys, “pero acá hay gente inocente adentro también, con causas armadas por la policía”. Ella, como portavoz del reclamo de sus compañeras, denuncia también que las cárceles están superpobladas. Y hace hincapié en esto: “La sociedad dice que los chorros entramos por una puerta y salimos por la otra, no es así, ¡de ninguna manera es así!”, desmitifica. “Pedimos que los jueces se decidan: están pasando por sobre nuestros derechos”, concluye.
Rosana resalta que la desinformación que provocó descontento social en las últimas semanas respecto a una falsa liberación masiva de presos contribuyó a esta situación. “El clamor social hace que los jueces no firmen los beneficios que las detenidas ya poseen por derecho”, explica.
Agustina Galindez, abogada integrante de Desarmando y prosecretaria administrativa de la Cámara Nacional de Casación Penal y Macarena Seoane, prosecretaria letrada en la Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas de CABA explican que “suspendida la decisión firmada por el juez Violini el pasado 8 de abril de 2020, la única opción que parecieran tener las personas allí contempladas sería litigar sus casos de manera individual y llegar a través del trámite recursivo al tribunal de casación provincial”. Además, resaltan que esta situación lleva a dispendio jurisdiccional. “Los/as jueces/as de cada caso en concreto deberán tomar en cuenta los recursos que generan los trámites recursivos de personas en situación de riesgo y de las mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias, en estos casos.”
Hace unos días las redes y los medios se preguntaban dónde estaban las feministas ante una presunta liberación masiva de violadores y femicidas, que quedó demostrado que era falsa; mientras otra pregunta emergía entre los espacios de mujeres, lesbianas, travestis y trans: ¿qué pasa en las cárceles?
Las integrantes de Desarmando lo explican: “El sistema carcelario fue pensado para varones, de modo que no refleja las necesidades específicas de las mujeres, y mucho menos de otros colectivos (personas trans y travestis). Además la gran mayoría de esas mujeres están imputadas por delitos de narcotráfico, aunque constituyen el eslabón más débil de la cadena y en general provienen de entornos pobres. En este sentido impacta directamente la feminización de la pobreza”.
Mientras la huelga de hambre persiste y Gladys y sus compañeras esperan, las abogadas y organizaciones que las acompañan trabajan a contrarreloj para ganarle al virus. En los próximos días se definirá si los agentes responsables de los tres poderes están a la altura de responder a estas problemáticas históricamente postergadas que quedaron expuestas bajo la emergencia sanitaria.
Comentarios recientes