La Suprema Corte de Justicia la provincia de Buenos Aires prorrogó las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria hasta el 20 de septiembre.
Cabe tener presente que ante la emergencia sanitaria, el máximo tribunal bonaerense dictó distintas regulaciones destinadas a adaptar la gestión judicial a una nueva modalidad ante la emergencia sanitaria. Además, reguló el teletrabajo para el personal judicial bonaerense.
De acuerdo a los datos del informe de gestión realizado por el máximo tribunal, entre abril y julio de 2020 ingresaron a los organismos jurisdiccionales de los distintos fueros e instancias 191.502 causas , lo que representa, más del 50% de las causas ingresadas en el mismo período de 2019. De ese universo, 126.635 causas ingresaron en el bimestre junio-julio, lo que representa un incremento del 95% con respecto al bimestre abril-mayo.
Con respecto al restablecimiento pleno del servicio de justicia presencial, la situación no es homogénea en todo el territorio bonaerense, sino que depende de la situación epidemiológica de cada localidad.
En consecuencia, debido a que el municipio de General Pueyrredón ha retrocedido ha fase 3, el máximo tribunal dispuso preventiva y provisionalmente la retrogradación del servicio pleno de justicia en la cabecera departamental de Mar del Plata. Por lo tanto, “se deberán satisfacer las necesidades del servicio profundizando la utilización del trabajo remoto y el uso de las tecnologías de la información”.
Sin embargo, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) sostienen: “Desde el inicio de la pandemia la Suprema Corte y la Procuración General han sostenido una política negligente en el diseño e implementación de medidas de prevención contra el COVID-19. Política signada por la ausencia de planificación, insuficiente inversión presupuestaria y falta de instancias de diálogo efectivo. Hoy nos acercamos a los doscientos judiciales bonaerenses contagiados”.
También, señalan que el máximo tribunal decidió no controlar los excesos en las convocatorias de personal presencial que gran parte de las y los magistrados realizan en incumpliento de las resoluciones vigentes. Asimismo, advierten que en muchas dependencias judiciales que se habilitaron, no se encuentran garantizados los requisitos mínimos para el cuidado de la salud previstos en los protocolos.
Comentarios recientes