Luego de que el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata decidiera suspender el inicio del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención “El Infierno” de Avellaneda, y de que exista la posibilidad a pedido de la defensa de los acusados de unificar la causa con las del pozo de Banfield y Quilmes, la querella se opuso y espera la respuesta del tribunal.
La causa, que fue elevada a juicio en el 2017, tuvo en un principio ocho imputados, pero el paso del tiempo y la edad avanzada de la mayoría hizo que sólo lleguen cuatro a esta instancia: Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jaime Smart, Juan Miguel Wolk y Miguel Ángel Ferreyro. El estado de salud de este último, fue uno de los motivos para la suspensión del juicio. Ferreyro, que actualmente se encuentra con prisión domiciliaria hace 8 años, alegó que su estado físico se deterioró desde el fallecimiento de su esposa en marzo.
En diálogo con Tiempo Judicial, el abogado querellante y Secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, Claudio Yacoy, mostró su preocupación y puso en duda la decisión del tribunal al considerar poco serio que “por una llamada de teléfono se pueda determinar si una persona puede ser juzgada o no”, y sostuvo que “tiene que haber una pericia psicológica más profunda”.
Además, afirmó que la querella solicitó al tribunal que “si Ferreyro no podía ser juzgado, que se aparte del juicio”, y destacó la importancia de seguir con los otros tres acusados. La respuesta fue la que temían, el tribunal dijo que no y hasta el momento no dio una respuesta satisfactoria.
En cuanto al abogado defensor de los cuatro acusados, Gastón Barreiro, presentó un escrito al tribunal y pidió que “decline su competencia y que se inhiba de participar de esta causa”, con el claro objetivo de que pase a la causa 737 del año 2013, que comenzará el 27 de octubre a juzgar los delitos en los pozos de Banfield y el de Quilmes. Esta acción traería varios inconvenientes en el juicio, porque son casi seis veces más los testigos, 96 contra más de 600 de la causa de los pozos y el tiempo se sextuplicaría.
También, el secretario lamentó que no se le dé mayor relevancia a las pruebas “irrefutables” que presentaron desde la querella. “Se les ofrece un juicio que no tuvieron los compañeros secuestrados y desaparecidos, que fueron torturados, violados, asesinados y tirados en una fosa común o de un avión. Se insiste en que tengan lo que cualquier sociedad civilizada puede tener, justicia”, sentenció.
En tanto, Yacoy expresó: “Nosotros nos oponemos porque creemos que tienen que haber todos los juicios que sean necesarios, y además que dejará de ser un juicio con perspectiva a un año y medio, y pasara a ser de 6 años. Los acusados son ancianos, quien asegura que van a poder seguir en 6 años”.
“Seguramente el tribunal esté más cerca de la propuesta de la defensa que del pedido que se realizó de seguir con el juicio, y que las victimas tengan al menos el consuelo de la justicia. Ya pasaron 44 años de estos juicios”, concluyó Yacoy.
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