El Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata resolvió a favor de una acción colectiva interpuesta por un grupo de personas con discapacidad y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que se cumpla con el cupo laboral previsto en la ley 10.592.
El fallo del juez Francisco Terrier en este fallo ordenó al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires el cumplimiento del cupo en un plazo de 18 meses, la creación de una mesa de trabajo intersectorial en el plazo de 60 días y la adecuación del régimen de ingreso de personas con discapacidad a la Justicia bonaerense en un plazo máximo de 6 meses.
En su resolución, Terrier consideró que “no solo es cuestión de cumplir con el porcentaje sino de modificar las políticas públicas para garantizar procedimientos transparentes y acordes a los principios básicos consagrados a nivel legal, constitucional y convencional, por cuanto las designaciones en vacantes que no fueron previamente definidas y comunicadas a la autoridad de aplicación y mediante un proceso que carece de pautas objetivas de valoración de la idoneidad, vulnera el derecho al trabajo de este colectivo”.
Y destacó que “la decisión judicial también subraya la necesidad de asegurar la participación de las personas con discapacidad en el proceso de elaboración de estas políticas, de conformidad con el artículo 4.3 de la CDPD y con el lema ‘nada sobre nosotros/as sin nosotros/as’".
En el expediente “GALEAZZI SILVIA ANGELA y otros C/ PODER JUDICIAL S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO”, el juzgado de primera instancia resolvió que existe una clara desigualdad entre hombres y mujeres con discapacidad en el ámbito laboral, ya que las estadísticas nacionales muestran que la tasa de empleo de las mujeres es casi 15 puntos porcentuales más baja que la de los varones.
Fue a partir de una demanda judicial presentada por un grupo de personas con discapacidad y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que contó con el patrocinio legal del Director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata.
En 2019, un grupo de personas con discapacidad, ACIJ y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata interpusieron un amparo colectivo con el objetivo de denunciar el incumplimiento del cupo laboral destinado a esta población en el Poder Judicial bonaerense.
La demanda se fundó en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y en la ley local 10.592, que dispone que el Estado provincial está obligado a emplearlas en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas (artículo 8).
En la presentación, se argumentó que el actual sistema de selección y designación vulnera los derechos humanos de esta población, en particular su derecho a la igualdad, a un nivel de vida adecuado, al trabajo, a la vida independiente, a la información completa y veraz, y al acceso a la justicia, informaron fuentes de la ONG demandante.
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