La familia de Érika Antonella Álvarez inició una demanda civil por $508 millones como reparación por las consecuencias del femicidio de la joven, ocurrido el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena, provincia de Tucumán. El planteo fue realizado por el abogado Carlos Garmendia, representante de los padres y hermanos de la víctima.
La presentación acompañó el pedido del fiscal Pedro Gallo para que la causa avance hacia el juicio oral. El funcionario acusó a Felipe “El Militar” Sosa como responsable del crimen y atribuyó a Justina Gordillo, Nicolás Navarro Flores y Jorge “Chicho” Díaz distintas maniobras de encubrimiento.
Uno de los acusados ya recibió una condena. A través de un juicio abreviado, Navarro Flores fue sentenciado a tres años de prisión efectiva y aceptó pagar $100 millones a la familia. Sus abogados afirmaron que “él decidió hacerse cargo de lo que hizo y del daño que generó”.
Para Sosa, el fiscal anticipó que pedirá prisión perpetua. En el caso de Gordillo y Díaz, solicitará seis años de cárcel de cumplimiento efectivo.
La demanda económica contempla distintos perjuicios sufridos por los familiares de Érika. El rubro más elevado corresponde al daño moral, calculado en $242 millones. También se reclaman $81,9 millones por daño psíquico incapacitante, $62,5 millones por pérdida de ayuda futura y $48,6 millones destinados a tratamientos psicológicos y psiquiátricos.
A esa suma se agregan $3 millones por gastos funerarios y otros $70 millones por el ocultamiento del cuerpo, la afectación del duelo y las dificultades generadas durante la investigación.
Los abogados también plantearon el impacto que tuvo el proceso sobre los familiares y señalaron una “revictimización derivada del propio proceso”, vinculada con la exposición pública del caso y el conocimiento de los detalles del asesinato.
Según la demanda, Sosa debería afrontar $438 millones, mientras que Gordillo y Díaz responderían subsidiariamente por $70 millones.
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