Según el decreto 222/03 firmado por el expresidente Néstor Kirchner cuando empezó a renovar la Corte Suprema que hoy ya no existe, se establece los plazos en los que el Poder Ejecutivo debe hacer su propuesta ante el Senado de la Nación para una nueva ministra del Máximo Tribunal.

El 5 de octubre, Elena Highton de Nolasco anunció su renuncia a la Corte Suprema hastiada de las internas de este último año en medio de la pandemia y con nuevos presidentes como Carlos Rosenkrantz y hoy Horacio Rosatti y sin el feeling habitual con Ricardo Lorenzetti. Con el plazo vencido, se rumorea que será una mujer candidata pero no hay certezas.

Distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron una carta al presidente de la Nación Alberto Fernández en la que exigen que la vacante para la Corte Suprema sea cubierta por una mujer. En la misiva explican que se debe "superar la subrepresentación de mujeres en los cargos de mayor jerarquía del poder judicial de la Nación, y en especial en el más alto tribunal".

El 1 de noviembre pasado se hizo efectiva la renuncia de la única mujer que integraba la Corte, Elena Higthon de Nolasco, y desde entonces el máximo tribunal del país está integrado sólo por hombres.  Por estos días vence el plazo legal de 30 días para que el Ejecutivo Nacional realice una postulación. 

Por ello las organizaciones firmaron la carta el 29 de noviembre pasado solicitándole al presidente de la Nación que "realice una postulación que asegure la igualdad de género en la justicia" y que se promueva "la designación de una mujer con demostrado compromiso en la defensa de los derechos humanos y con perspectiva de género".

Maqueda, Highton y Lorenzetti en el Congreso en la asunción del ex presidente Macri.

La Carta lleva la firma de los representantes de las organizaciones Amnistía Internacional;  el Centro por la Justicia Internacional y el Derecho Internacional (CEJIL); el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

"El fortalecimiento institucional del Poder Judicial es fundamental para el respeto de los valores democráticos y los derechos humanos. En América latina aún falta mucho para alcanzar la paridad de género en la justicia. Conforme surge del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe de CEPAL, las mujeres están representadas sólo en un 30% en los máximos tribunales de justicia de la región", dicen las organizaciones en la carta.

Además, detallan que cuando se ve específicamente el caso de Argentina la situación "empeora" porque "se observa de forma marcada la persistencia del techo de cristal en los cargos jerárquicos de toma de decisión". "Pese a que el sistema de justicia está conformado mayoritariamente por mujeres (56%), éstas ocupan sólo el 31% de los cargos jerárquicos (Ministros/as, Procuradores/as Generales y Defensores/as Generales) -conforme el Mapa de Género en la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia-", explican.

Un dato no menor que es mencionado también es que con la salida de Highton de Nolasco y tras la muerte de Carmen Argibay en 2014 la Corte no sólo se queda sin mujeres sino que estas dos fueron las únicas dos juezas en el máximo tribunal en 38 años de democracia. "La designación de un varón en este rol, así como la perpetuación de la vacancia actual, supondría una situación de absoluta gravedad", advierten.

Y concluyen: "La representación de mujeres en el acceso a los cargos más elevados en la judicatura colabora a garantizar el principio de igualdad, contribuye con la desarticulación de estereotipos de género que han vulnerado históricamente los derechos de las mujeres, y colabora con la promoción de un debate más plural y diverso avanzando en la inclusión de la perspectiva de género".