Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso encabezan un juicio que en mayo cumplirá tres años al frente del Tribunal Oral Federal número 2 donde se investigan las supuestas irregularidades en las licitaciones para obras públicas otorgadas a otro de los acusados, Lázaro Báez, supuestamente direccionadas desde el PEN de Cristina Kirchner sólo hacia la provincia de Santa Cruz.
Los imputados en el proceso son: Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Claudio Fatala.
Es un juicio que se retomó este febrero 2022, luego de idas y vueltas por la pandemia, pero que este año podría tener sentencia ya que quedan pocas audiencias orales y según fuentes judiciales confirmaron a Tiempo Judicial, la Corte Suprema deberá resolver antes de la finalización del juicio oral por la causa Vialidad todos los recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, antes de emitir su veredicto, entre otros recursos presentados por las querellas y las defensas. ¿Por qué? Porque las pericias técnicas de la causa generaron su elevación a juicio por parte del juez instructor Julián Ercolini.
Las defensas rechazan esa hipótesis y cuestionan el peritaje que derivó en esa conclusiones por lo cual la Corte Suprema, según fuentes judiciales, este primer semestre del año tendrá que definir sobre estos recursos y su decisión podría influir claramente en el rumbo de este juicio oral en Comodoro Py.
El actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, acudió de forma presencial a los tribunales de Comodoro Py pese a que podía haber declarado como testigo por escrito así como también declaró el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y está previsto que declaren el presidente Alberto Fernández y el de la Cámara de Diputados, Sergio Massa en el transcurso de este mes.
“Si uno construye kilómetros de un gasoducto, puede ser que en Santa Cruz signifique mejorarle la vida a 10.000 personas. Y esos kilómetros de gasoducto, en Córdoba, Santa Fé o el AMBA, por ahí benefician a un millón de personas. Pero eso es una trampa, evaluar sólo per cápita. También los habitantes de provincias enormes y distantes tienen derecho a una vida mejor. Esa es la razón por la que todo se vota en el Congreso”, explicó Zannini en su declaración testimonial ante los jueces al cuestionar el juicio porque “se empezó por la judicialización de la política y hoy se quiere terminar con la criminalización de la política y en particular de la obra pública”.
El otro ex jefe de Gabinete que declaró esta semana fue Juan Manuel Abal Medina quien sorprendió tirando la pelota hacia otro ex funcionario. Ante la pregunta del fiscal Luciani, Abal Medina respondió que las órdenes de reasignar las partidas de obra pública provenían del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, hoy con prisión domiciliaria por esta y otras causas como la Tragedia de Once.
“Cuando llegaba a mi oficina ya había pasado por diferentes áreas y ministerios que lo habían avalado. Si hubiese visto algo irregular lo hubiese denunciado”, declaró en el juicio “Vialidad” el ex jefe de Gabinete.
Estuvieron conectados vía zoom o presencial los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi; de Báez, Juan Villanueva; de Julio De Vido, Gabriel Palmeiro; y de Omar Periotti, Federico Paruollo, que estaba conectados por Zoom. Estaban sentados frente a él los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. El juez Andrés Basso se conectó de manera remota.
El juicio seguirá el lunes próximo con la declaración de Jorge Capitanich, otro exjefe de Gabinete y el martes será el turno de Aníbal Fernández. El 15 de febrero acudiría personalmente a declarar el presidente Alberto Fernández y por zoom, el titular de Diputados, Sergio Massa más adelante.
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