El jueves pasado la psicóloga Milena Pozo asistió a la primera audiencia, en la Cámara del Crimen de Río Tercero, por el juicio donde enfrenta imputaciones por “comercialización de estupefacientes agravada, lesiones leves y ejercicio legal de la medicina” como consecuencia de haber indicado el uso de aceite de cannabis a una paciente, que sufre una larga dolencia por una afección llamada “fibromialgia”, patología que genera dolores en todo el cuerpo y que padece hace 22 años.
La paciente concurrió al consultorio a pedir el aceite de cannabis para paliar los dolores crónicos que sufre. A los tres días de atenderse con Pozo, en la primera consulta que asistía, la mujer se sintió mal y fue a hacerse revisar a la guardia del Hospital Regional de Río Tercero, donde una médica le dijo que los síntomas eran resultado de hacer tomado el aceite de cannabis y le recomendó hacer una denuncia.
El hecho sucedió en 2017 y es el primer caso que se trata en la justicia provincial cordobesa, ya que anteriormente hubo otros dos casos se trataron en la Justicia Federal: la causa Landgren donde el productor de aceite fue absuelto el año pasado y el caso del médico Carlos Laje, que terminó sobreseído tras pasar seis meses preso en la cárcel de Bower junto a otros acusados.
En este caso se trató de un largo proceso de instrucción, donde incluso la figura de comercialización de estupefacientes termina agravada porque su pareja de entonces llevó un gotero de a otra paciente y el fiscal lo acusa de oficiar de delivery de la presunta organización delictiva, sumado a una pareja que solía chatear por vía whatsapp de la psicóloga sobre la temática de cannabis medicinal y que también que terminan imputados, todos completando la figura de más personas para cometer delito.
Ahora el juez Marcelo Ramognino debe resolver si penaliza el uso del aceite, que está aprobado por ley que tiene jurisprudencia en favor de productores y usuarios. Según Nadia Podsiadlo, la abogada de Pozo, “este juicio con una serie importante de pruebas, incluido un debate médico alrededor del uso de aceite, y la legitimación social que hoy el cannabis está teniendo”.
Primeros testimonios
En la primera audiencia declaró la denunciante, que relató su situación y por qué realizó la denuncia, impulsada por el consejo de una médica del Hospital. Vale señalar que la profesional, que dará testimonio en la segunda audiencia, no es especialista en fibromialgia, pero si se la conoce como una médica que se opone al uso de cannabis medicinal.
“Todos los síntomas que denuncia la paciente son compatibles con su patología de base y no hay registros de que el aceite de cannabis los produzca”, dijo Pozo a Tiempo Judicial.
La instrucción judicial y la intervención policial no distinguen entre el cannabis medicinal y otros usos que pudiera tener la planta. El testimonio realizado en la primera audiencia de la responsable del allanamiento en el domicilio de Pozo, una oficial de la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA), dependiente de la policía provincial y destinada al combate del narcomenudeo así lo confirma. La policía dijo en la audiencia que no distinguía entre cannabis medicinal y de uso recreativo, que no había recibido formación al respecto y ni siquiera estaba enterada de la existencia del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), programa procura mejorar el acceso a quienes tienen indicación médica para el uso de derivados de cannabis medicinales.
La abogada Podsiadlo adelantó que están propuestos para dar su testimonio en la segunda audiencia los especialistas Federico Raca, de Facultad de Medicina de la UNC y de Anmat, y Diego Arias, psiquiatra del Hospital Rio Tercero que trabaja patologías de fibromialgia y va a detallar sobre los síntomas de la denunciante y su compatibilidad con la enfermedad, contrario a la denuncia.
“Va a sucederse un debate científico muy interesante que puede clarificar el panorama al juez de la cámara, que mostró disposición para analizar el caso desde la perspectiva sanitaria”, afirmó la letrada.
Cabe señalar que la causa se inició siete meses después de aprobada la Ley Nacional 27.350 de uso de cannabis medicinal y dos meses después de su reglamentación por medio del Decreto Presidencial 738/2017. La Legislatura de la Provincia de Córdoba adhirió a la norma el mayo de 2021, otro elemento que impugna la elevación a juicio de la causa y su encuadre penal.
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