El juez de Avellaneda denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano en 2018, no lo hizo y fue suspendido en su cargo. En Comodoro Py, declaró como testigo en la causa por supuesto espionaje ilegal en el gobierno de Cambiemos.
“El presidente está interesado en la detención a Pablo Moyano”, declaró el juez Carzoglio ante la justicia federal. Confirmó la frase que le propinó Sebastián De Stéfano, que entonces era director de Asuntos Jurídicos de la AFI.
De forma remota, el juez federal Marcelo Martinez De Giogi tomó declaración testimonial al juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, en la causa donde también están citados a brindar declaración testimonial están Mariano Macri, el hermano del expresidente; la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y el diputado nacional de Juntos, Diego Santilli.
"Es una buena señal para que la Justicia se ponga de pie, hay jueces honestos y aptos porque estamos en condiciones de llegar a buen puerto en esta investigación", explicó tras su audiencia ayer en declaraciones radiales el juez Carzoglio confiado que la causa llegara a buen puerto con la investigación pese al cambio de jurisdicción de Lomas a Py.
Hallazgo en un acto del Poder Judicial de Avellaneda
En la testimonial, el juez habría contado que el exespía Guillermo Matta participó de un acto por el décimo aniversario del Polo Judicial de Avellaneda, realizado el 17 de Octubre de 2018. La fotografía del supuesto Matta está publicada en el diario La Ciudad, histórico periódico de Avellaneda, y aquí la mostramos. Carzoglio dijo que ante el magistrado que este nuevo hecho de supuesto espionaje a su figura como magistrado ocurrió tras negarse a ordenar la detención del sindicalista camionero Pablo Moyano.
Carzoglio habría explicado en su testimonial que uno de los espías estaba entre el público cuando fueron los 10 años del Polo Judicial y a la noche salió la resolución de Carzoglio que no hizo lugar a la detención de Moyano pedida por el Fiscal Scalera.
Un mes atrás, cuando declaró ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso, Carzoglio había definido a Macri como “el máximo responsable” de esa maniobra.
Los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani así como los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito cuando la causa pasó del fuero federal de Lomas de Zamora a los tribunales federales con sede en Comodoro Py.
Cuando el caso llegó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal "cuentapropista" de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, la “Turca” Majdalani.
El juez de Avellaneda estuvo suspendido y hoy en día está de licencia en su cargo como magistrado en el Polo Judicial de Avellaneda y donde tuvo notoriedad pública en 2018 cuando se impulsó desde el anterior oficialismo una causa por asociación ilícita contra los Moyano por sus vínculos con algunos ex barras bravas del club Independiente.
DI. FOTO:DYN/LUCIANO THIEBERGER. 
El fiscal de esa causa, Sebastián Scalera, impulsò y pidió la detención del ex vicepresidente de la institución de Avellaneda, Pablo Moyano, lo que fue denegado por Carzoglio. El magistrado bonaerense fue citado por la Justicia Federal de Comodoro Py para explicar las presiones que denunció de la AFI en esos años y para que "se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano", dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.
La exfuncionaria quedó procesada por presunto "incumplimiento de deberes" a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como "Súper Mario Bros" por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.
Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe "si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación", entre otros puntos.
A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los "números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros" entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.
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