Días atrás se conoció la noticia de la declaración de un testigo ente el fiscal federal de Esquel, Federico Baquini, que aportó datos sobre la desaparición de Santiago Maldonado. La causa se encuentra paralizada desde hace más de dos años en la justicia federal a la espera de que la Corte Suprema resuelva una queja planteada allí por la familia.

Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado, habló con Tiempo Judicial y explicó que están “esperando saber que va a hacer el Poder Judicial con esta declaración” ya que “ratifica que Santiago fue detenido y que se debe investigar una desaparición forzada”. Según pudo averiguar este medio, hace más de dos semanas se dio la declaración del testigo ante el fiscal.

El nuevo testigo que se conoció “dice que escuchó a un gendarme del escuadrón 36 decir que habían detenido a una persona”, contó la abogada que resaltó que “al tiempo escuchó también que se les había ido la mano”. Allí mismo es donde radica la importancia del testimonio que debe investigarse y corroborarse pero que marca algo que la familia sostiene desde hace tiempo que es que Santiago sufrió una desaparición seguida de muerte.

Hace unas horas la propia familia de Santiago, mediante un comunicado, informó que este testimonio se escucharon frases de gendarmes diciendo que “habían detenido a uno”, “que habían detenido a un hippie”, “que estaban sacándole información de quienes eran los otros que estaban con él” y “que lo tenían en el puesto de gendarmería de Benetton”.

No sólo eso, desde la familia exigió las máximas garantías de seguridad psicofísica para la persona que declaró. También pidieron que de forma “inmediata” se inicie una investigación independiente e imparcial para poder conocer los hechos y los responsables materiales e ideológicos de la desaparición con vida de Santiago.

La causa judicial principal se encuentra en un limbo esperando definiciones de la Corte Suprema de Justicia. El último movimiento de la causa principal puede fecharse el 21 de noviembre de 2018 cuando el juez Gustavo Lleral cerró la causa. El 5 de septiembre de 2019 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia sostuvo que debía seguir investigándose aunque aclaró que no había una desaparición forzada.

El 12 de diciembre de ese mismo año, la Cámara de Casación Penal dice lo mismo. Eso es lo que esta apelado por la familia y se encuentra desde entonces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos los tribunales nombrados volvieron o ratificaron a Lleral como el juez de la causa, lo que también fue recurrido. A todo ello se suma lo que ocurre en tribunales internacionales donde la familia se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A fines de julio de 2017 Santiago fue al Pu Lof en Resistencia de Cushamen en solidaridad con los mapuches que reclamaban la libertad del lonko Facundo Jones Huala. El 1 de agosto al intentar cortar la ruta 40 comenzó la represión de los escuadrones de Gendarmería que respondían a órdenes de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Santiago desapareció en ese operativo y casi ochenta días después apareció flotando en el río Chubut en un lugar que había sido rastrillado tres veces.

“Lleral sostiene que hasta que no se resuelva (lo de la Corte), él no va a hacer nada”, dice Heredia sobre el accionar del juez de la causa. Es que sobre los estrados del cuarto piso de tribunales descansan muchas causas que esperan que la Corte Suprema se digne a tratarlas, o como se escuchó esta semana en los debates por los proyectos para modificar la composición de la Corte cuando una especialista contó sobre el proceso de los recursos: “si te rechazan el recurso hay que ir en queja. Pones 100 mil pesos y ahí ¿en cuánto tiempo resuelven?, cri cri, no hay tiempo”, dijo.