Organizaciones de derechos humanos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés) y la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) apuntaron contra la reducción del 10% en la inversión en políticas para niñas, niños y adolescentes con relación al presupuesto vigente en 2022.
El proyecto de ley de Presupuesto 2023 con media sanción de la Cámara de Diputados tiene un área dedicada a las infancias parece tener el destino marcado: la asignación de 2.710.482 mil millones de pesos para programas dirigidos a la niñez y la adolescencia, lo que representa 1,84% del PIB.
El presupuesto vigente para este año es de 1.676.326 mil millones de pesos o 2,05% del PIB; mientras que el presupuesto previsto para 2023 representa una reducción de los recursos invertidos en la niñez y la adolescencia de alrededor de 0,2 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a una caída del orden del 10% en términos del nivel de actividad respecto del cierre previsto para el año en curso, tal como consignó UNICEF.
En un contexto donde niñas, niños y adolescentes se encuentran en una situación de vulneración de derechos, en las que el 51,8% de ella/os viven en situación de pobreza y el 12,6% viven en situación de indigencia, el Gobierno nacional dispuso la disminución de 100 mil millones de pesos en programas clave en materia educativa y habitacional para el pago de obligaciones a cargo del Tesoro Nacional, lo cual “viola el principio de intangibilidad de los recursos que establece la ley respecto de las políticas destinadas a garantizar los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes, y también tiene impactos en el acceso a la vivienda”.
Según la ACIJ, el recorte en áreas destinada a las infancias no sólo es cuestionable sino que también es ilegal, ya que vulnera la normativa específica que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes: la Ley 26.061. La misma obliga a asegurar una asignación privilegiada de los recursos (art. 5) y establece: “La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional.” (art. 72).
Además, la Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado a asignar el máximo de los recursos disponibles para asegurar los derechos de este grupo (art. 4). Ello implica que, una vez que los fondos han sido asignados, no pueden ser reutilizados a otros fines diferentes o inutilizados. Así, la decisión administrativa del 22 de agosto y las prácticas de subejecución y disminución de los créditos mostrados en los apartados referidos a partidas educativas son ilegales.
Educación, en la mira
Según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, el presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo de los últimos 11 años, tomando en consideración la inflación proyectada para el año venidero que se calcula en 85,2%. Solo el gasto en educación fue más bajo en 2020.
Con esto, Educación será una de las áreas más perjudicadas por el ajuste que se vendrá en el Presupuesto 2023. El proyecto establece un recorte del 15,5%, lo que implica más del doble de la reducción para la administración pública nacional (-6,8%). Sólo lo superan en términos de ajuste la cartera de Ambiente y Desarrollo (-15,8%), Transporte (-17,3%), Salud (-19,2%), Economía (-20,8%) y Turismo y Deportes (-26,0%).
Los fondos del Ministerio de Educación pasarán de $870.044 millones de pesos este año a $735.467 millones de pesos el año próximo.
Programas con desfinanciamiento
Organizaciones y dirigentes políticos piden reuniones con el ministro de Economía, Sergio Massa, hasta último momento previo al tratamiento del Presupuesto en el recinto con el fin de rediscutir el presupuesto asignado a educación y las infancias.
Al respecto, la UNICEF expresó su preocupación al marcar que si el Presupuesto presentado al Poder Legislativo se aprueba sin modificaciones algunas iniciativas tendrían riesgos significativos de desfinanciamiento, como la política alimentaria, las políticas vinculadas a la salud y las acciones destinadas a la protección de ingresos y las respuestas orientadas a la expansión de la oferta de servicios de educación y cuidado de la primera infancia. Por su parte, las acciones de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, aunque con menor incidencia en el presupuesto total, han sido priorizadas en el contexto general del Presupuesto 2023.
La ACIJ, a través de un informe, señaló que este desfinanciamiento podría influir en programas como el Conectar Igualdad, que sufrió sufrió una disminución de 35 mil millones de pesos, con lo que el Programa pasó de poco más de 90 mil millones a 55 mil millones. Es decir, se entregarán al menos 840.000 computadoras menos que las que el Estado se había comprometido a inicios de 2022.
El recorte que sufre el Programa pone en riesgo el acceso a dispositivos y a internet por parte de estudiantes de escuelas públicas. A finales de 2021, solo el 48,5% de las escuelas estatales del país tenían acceso a internet, por lo que faltarían 25.902 escuelas por conectar sobre un total de 50.382.
Con la misma suerte corre el “Programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes”, que sufrió una disminución de 15 mil millones de pesos, que se suman a otros 1.6 mil millones que habían sido recortados en junio, lo que en total equivale a una reducción del 36% de los fondos destinados a ampliar la oferta educativa en el nivel inicial en todo el país.
Las disminuciones y subejecuciones como las denunciadas implican la construcción de menos aulas para niñas y niños de entre 3 y 5 años. En concreto, teniendo en consideración los últimos 5 años, se proyectaron construir 7.343 aulas y solamente se hicieron 927, lo que equivale a un 12,6%.
Por otra parte, también sufrió disminuciones el “Programa de Infraestructura Escolar y Equipamiento”, encargado de ampliaciones y construcciones de los restantes niveles educativos. En este caso, la reducción es de 5 mil millones y equivale al 18% de los recursos vigentes antes del recorte.
La disminución, al igual que en el caso anterior, impacta entre otros asuntos en una menor proyección y construcción de aulas de los restantes niveles educativos. De las 4.715 aulas proyectadas a construirse en los últimos 5 años, solamente se construyeron 715, es decir, un 15,2% .
Acceso a la vivienda
En un contexto donde uno de cada dos niñes es pobre en Argentina, se dispuso también la disminución del programa 39 “Planificación y Desarrollo Territorial” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por un total de 50 mil millones de pesos, lo que implica una disminución del 23,51% respecto del presupuesto vigente anterior al recorte.
“Argentina tiene un déficit habitacional de, aproximadamente, 3.5 millones de viviendas. Esto se explica por múltiples causas, entre ellas, la falta de políticas integrales para abordar el acceso a suelo con servicios públicos y bien localizado. Sin embargo, el gobierno nacional ha decidido disminuir el presupuesto destinado a actividades con ese objetivo en más de un 23%”, denuncia la ACIJ.
En lo que va del año, se encuentra ejecutado el 46,20% del presupuesto vigente del programa antes del recorte. Si observamos el grado de cumplimiento de las metas físicas informado al primer trimestre de 2022 -última información disponible publicada- vemos que tan sólo se entregaron 430 lotes con servicios de los 9.205 previstos para todo el año y se realizaron 32 obras de infraestructura y equipamiento urbano de las 228 planificadas.
Ingresos y alimentación
La UNICEF analizó que los ingresos familiares asistidas por el Estado se verán también afectadas, ya que el presupuesto 2023 aumentará a las asignaciones familiares a $1.432 mil millones (0,97% del PIB), de los cuales $748 mil millones (0,51% del PIB) son para financiar las asignaciones familiares contributivas de activos y pasivos y $684 mil millones (0,47% del PIB) son para financiar la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social. Sin embargo, estos montos representan caídas en términos reales para todas las líneas: entre un 6% y un 14% para el total de Asignaciones Familiares, entre 9 y 16% para las AAFF contributivas y entre 3% y 10% para las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo, aproximadamente, teniendo en cuenta la inflación esperada.
Por otro lado, el presupuesto asignado a la prestación alimentar (ex Tarjeta AlimentAR) implementada por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa Políticas Alimentarias también presenta signos de alerta. El crédito de $342 mil millones (0,23% del PIB) dispuesto para 2023 significa una caída muy significativa en términos reales para cualquiera de los escenarios de inflación.
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