Se trata de Nicolás Ducoté, quien fuera por un período intendente de Pilar, exintendente de Pilar Nicolás Ducoté (Pro) deberá enfrentar un juicio oral y público, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la apelación que había presentado el exfuncionario durante el gobierno de Mauricio Macri. El exjefe comunal fue acusado del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por el supuesto uso irregular de fondos nacionales en obras del municipio, según informaron medios locales.
El procesamiento fue dictado a principios de julio del año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y dispuesto sin prisión preventiva. En aquella oportunidad, incluyó un embargo de cien millones de pesos, una inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para Ducoté y otros funcionarios que fueron parte de su gestión en Pilar.
Asimismo, será juzgados junto a Ducoté otros funcionarios de su gestión: Guillermo Iglesias, el exsecretario de Obras Públicas; Juan Pablo Martignone, el jefe de Gabinete; Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar; Osvaldo Caccaviello, exdirector general de Calles y Red Vial; Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sandra Sosa, exsubsecretaria de Obras Públicas; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel SA; y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel SA.
La causa
La investigación se inició en 2019, por la denuncia de una concejal del bloque Frente Pilarense que acusó a Ducoté (intendente de Pilar entre 2015 y 2019) de irregularidades en la administración de fondos recibidos del gobierno nacional durante la administración de Mauricio Macri; en particular, de recursos destinados a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio Peruzzotti.
Sin embargo, a esa acusación la concejal sumó luego otra, vinculada con la realización de obras públicas de infraestructura en el barrio Monterrey, también de Pilar, y una tercera por supuestas irregularidades vinculadas a un convenio celebrado entre el municipio y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el 26 de julio de 2016, para solventar mejoras en las condiciones edilicias y facilitar el acceso a los servicios públicos a vecinos de Pilar. Se trata del caso conocido como “microcréditos”.
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