Critican la media sanción a la reforma de la ley de lavado

Diversas organizaciones y entidades de profesionales criticaron la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de modificación de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Ilícito.

La media sanción fue aprobada en diputados con 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) sostuvieron que “la iniciativa se trató de espaldas a la sociedad civil y sin permitirle participar de la discusión y realizar aportes”.

Y agregan que “la reforma propuesta es regresiva al plantear una serie de modificaciones que son preocupantes desde el punto de vista de la efectividad del sistema antilavado de dinero, además de poseer un profundo contenido antidemocrático”.

"No desconocemos que el peso de la inflación licúa las condiciones objetivas exigibles para perseguir casos de lavado de dinero, pero” la solución normativa propuesta sólo servirá para el cierre masivo de causas penales abiertas por narcotráfico en virtud de la aplicación de la ley penal más benigna”, explican desde el CIPCE.

Ello en referencia al artículo con media sanción que elevaría el umbral mínimo para investigar lavado de dinero pasando de 300 mil pesos actuales a 150 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, 12 millones de pesos.

Otro aspecto que desde el centro como “preocupante” es la “asignación por ley de facultades de inteligencia a un organismo de naturaleza político criminal”. La Unidad de Información Financiera (UIF) no es un organismo previsto en la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520) y su artículo 4 prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia realizar tareas de investigación criminal.

A las críticas del CIPCE pueden sumarse las realizadas por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal que “rechaza enfáticamente la media sanción”, sobre todo, en lo que tiene que ver con la inclusión de los abogados y abogadas como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de sus clientes ante la UIF.

“Todas las tareas que realizan los abogados y abogadas están amparadas por el secreto profesional que integra la garantía de defensa en juicio de los derechos de todos los habitantes, por lo que el proyecto sancionado resulta inconstitucional”, dijo el actual presidente del colegio, Ricardo Gil Lavedra.

Además, anticiparon que el Colegio Público de la Abogacía “no cesará en su reclamo para que la Cámara de Senadores modifique este aspecto del proyecto, para no conculcar garantías de todos los ciudadanos y evitar un enorme daño al ejercicio profesional de los matriculados y matriculada”.