La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de seis individuos en un caso de clientelismo político en el proceso electoral de 2019. La investigación, centrada en la localidad de Maipú, provincia de Buenos Aires, revela maniobras destinadas a socavar la integridad del voto ciudadano, al forzar a un grupo de electores a elegir un candidato específico o por imposición de su participación en las elecciones del 27 de octubre de 2019.
La complejidad de la trama basó en torno a la obtención de documentos de identidad de las víctimas, a cambio de pagos pecuniarios, seguidos de facilitación de diversos servicios municipales, como la obtención de ayudas sociales o resolución de problemas relacionados con infracciones de tránsito. Además, se llevaron a cabo entregas de alimentos, materiales para la construcción y colchones como señuelos para ganar la lealtad de los votantes. En algunos casos, las víctimas se vieron obligadas a entregar sus documentos de identidad bajo amenaza de perder sus puestos de trabajo en las cooperativas de la intendencia.
El fallo emitido por la Cámara Nacional Electoral, firmado por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, resalta la existencia de "un mecanismo coordinado y gestado desde esferas jerárquicas de poder del gobierno municipal, dirigido a manipular la voluntad de una serie de ciudadanos de la localidad de Maipú". Este mecanismo se basó en la masiva retención de documentos de identidad, amenazas diversas y la explotación de la vulnerabilidad económica y social de las víctimas.
El tribunal también subrayó la complejidad del dispositivo empleado para condicionar a los votantes, y afirmó que fue utilizado por individuos vinculados al Gobierno municipal para socavar los valores fundamentales de un régimen representativo. El fallo hizo hincapié en que la defensa de estos principios y derechos es esencial en un Estado democrático y constitucional.
El clientelismo político-electoral, según la Cámara Nacional Electoral, comprometerse con un comportamiento electoral específico y es una práctica típica que socava la integridad de las elecciones democráticas. La sentencia recalcó la importancia del voto secreto y la libre expresión de la voluntad de los electores, protegiéndolos de cualquier forma de intimidación, ya que la libertad del voto es un derecho fundamental en todo Estado democrático.
Además, el fallo destacó que la maniobra fue "un complejo dispositivo que conjugó diversas formas de condicionamiento -cuya capacidad para restringir o anular la autodeterminación de los aquí denunciantes quedó demostrada-, las cuales fueron utilizadas por un conjunto de individuos relacionados con el gobierno municipal a los fines de desdibujar y tergiversar los más elementales valores, principios y derechos del régimen representativo, conquistas cuya defensa debe primar en todo Estado democrático y constitucional como el nuestro".
En cuanto al proceso penal, se espera que el Ministerio Público Fiscal profundice en la investigación y considere la posibilidad de ampliar las responsabilidades y autores involucrados en este caso de clientelismo político-electoral que amenazó la integridad del proceso electoral.
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