La autora es abogada (Universidad Nacional de Tucumán) con Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Palermo). Especialización en Igualdad y Violencia de Género (Universidad de Salamanca).
A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, hoy habrá marchas masivas en todo el país para reclamar frente a una violencia que, lejos de haber sido erradicada, sigue formando parte de la realidad cotidiana de miles de mujeres. La convocatoria de este 3 de junio estará inevitablemente atravesada por el femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba hace apenas unos días. Su muerte volvió a colocar en el centro de la escena una realidad que las estadísticas se encargan de recordar de manera persistente.
En vísperas de esta nueva movilización, el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” y la Universidad Nacional del Delta difundieron un dato tan contundente como preocupante. Desde el primer Ni Una Menos, en junio de 2015, se registraron 3205 femicidios en Argentina. Once años después de aquella movilización que marcó un punto de inflexión en la agenda pública, las cifras muestran que la violencia contra las mujeres sigue constituyendo una de las deudas más persistentes de la democracia argentina.
Sin embargo, este nuevo aniversario llega en un contexto particular. Mientras los femicidios siguen ocurriendo, desde el gobierno nacional y algunos sectores aliados se impulsa una discusión diferente. El foco ya no parece estar puesto en cómo fortalecer las políticas destinadas a prevenir la violencia de género o mejorar el acceso a la justicia, sino en cuestionar las categorías jurídicas y las herramientas institucionales construidas para reconocer y enfrentar ese problema.
Las declaraciones y propuestas de distintos referentes políticos durante los últimos meses permiten observar con claridad ese desplazamiento. En los últimos días, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso de Agostina Vega como un homicidio. En 2025, durante su intervención en el Foro de Davos, el presidente Javier Milei cuestionó la figura penal del femicidio y sostuvo que implica otorgar mayor valor a la vida de una mujer que a la de un hombre. En la misma línea puede leerse el proyecto de ley sobre falsas denuncias presentado por la senadora Carolina Losada, una iniciativa que desplaza la discusión desde las violencias denunciadas hacia quienes las denuncian.
Se trata de hechos distintos, pero que forman parte de una misma discusión. Lo que está en juego no es una palabra ni una cuestión terminológica. Cuando se cuestiona la figura del femicidio, cuando se pone bajo sospecha a quienes denuncian o cuando se desacreditan las políticas de género, lo que se pone en discusión es el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una problemática específica que requiere respuestas estatales adecuadas.
La propia incorporación de la figura del femicidio al Código Penal permite comprender por qué. En 2012, el derecho argentino reconoció que ya no podía seguir ignorando una realidad evidente. Durante décadas, los asesinatos de mujeres cometidos en contextos de violencia de género fueron leídos como hechos individuales, desvinculados de las relaciones de desigualdad y poder en las que ocurrían. Su reconocimiento jurídico respondió a la necesidad de nombrar una forma específica de violencia que las estadísticas, las organizaciones de mujeres y los organismos internacionales venían señalando desde hacía años.
La incorporación de esta figura no puede analizarse por fuera de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos. Tanto la CEDAW como la Convención de Belém do Pará impulsaron la adopción de marcos normativos orientados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. En ese contexto, el reconocimiento jurídico del femicidio no constituyó una excepción ni una extravagancia local, sino parte de un proceso regional e internacional mucho más amplio.
Desde esa perspectiva, el argumento según el cual la figura del femicidio supone que la vida de las mujeres vale más que la de los hombres pierde consistencia. El derecho penal no incorporó esta agravante para jerarquizar víctimas, sino para reconocer una forma específica de violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y que durante décadas permaneció invisibilizada en las respuestas estatales.
Ese es el punto que suele quedar fuera de la discusión. La igualdad ante la ley no exige desconocer las desigualdades que atraviesan la realidad social. Por el contrario, muchas de las herramientas desarrolladas para combatir la discriminación parten precisamente del reconocimiento de que ciertos grupos enfrentan formas específicas de violencia, exclusión o vulneración de derechos. La incorporación de la figura del femicidio respondió a esa misma lógica.
Por eso resulta llamativo que, mientras las estadísticas siguen mostrando la persistencia de esta violencia, una parte del debate público parezca concentrarse en cuestionar las herramientas construidas para visibilizarla. En lugar de centrar el debate en las razones por las cuales las mujeres siguen siendo asesinadas por razones de género, se termina poniendo en cuestión si esas violencias merecen ser nombradas como tales. La discusión aparenta ser jurídica, pero en el fondo es política.
La paradoja es evidente. Mientras una parte del debate público discute la legitimidad de la figura del femicidio, los femicidios continúan ocurriendo. Mientras se cuestionan las políticas de género, persisten las mismas violencias que dieron origen a muchas de ellas. Y mientras se instala la sospecha sobre quienes denuncian, miles de mujeres siguen enfrentando obstáculos para acceder a respuestas efectivas por parte del Estado.
A once años de la primera marcha de Ni Una Menos, el desafío sigue siendo el mismo que movilizó a cientos de miles de personas aquel 3 de junio de 2015. Las mujeres siguen siendo asesinadas por razones de género. Esa es la realidad sobre la que deberían medirse las políticas públicas, los compromisos estatales y los debates legislativos.
Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en una enorme distracción.
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