El autor es Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y vocal titular de la Red de Jueces y Juezas Penales de la República Argentina.
Miembro de la Red de jueces del UNICEF y del Foro Penal Adolescente de la Jufejus y Consejero Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.
El cuerpo de una mujer (y en este caso, de una niña) no es solo un cuerpo. Es identidad, historia, proyecto de vida. Por eso, cuando ese cuerpo aparece desmembrado, no estamos ante un dato más del expediente penal; estamos frente a una de las formas más extremas de violencia misógina.
El caso de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, nos enfrenta con esa crudeza insoportable. La autopsia preliminar indicó que murió por asfixia mecánica y que su cuerpo fue luego desmembrado. Sus restos fueron hallados en distintos sectores de un descampado, fragmentados, dispersos, como si no solo se hubiera querido quitarle la vida, sino también desintegrar su existencia.
Y allí aparece una pregunta incómoda pero necesaria; ¿qué significa desmembrar un cuerpo en clave de violencia de género?
No es solo ocultamiento. No es solo una estrategia para entorpecer la investigación. Es, muchas veces, una expresión de dominio absoluto. Es la cosificación llevada al extremo. Es transformar a la víctima en “partes”, en algo manipulable, descartable, sin humanidad.
El desmembramiento, en contextos de femicidio, suele tener un componente simbólico brutal; borrar a la mujer como sujeto. Fragmentarla no solo físicamente, sino también en su condición de persona. Es una forma de violencia que no termina con la muerte; continúa sobre el cuerpo, en un intento de ejercer poder incluso después de haber quitado la vida.
Cuando la víctima es una niña, la gravedad se multiplica. Porque allí no solo se intersectan la violencia de género y la misoginia, sino también la violencia contra la infancia. Agostina no era una “menor”; era una niña, en una situación estructural de vulnerabilidad que exige del Estado la máxima protección. Y sin embargo, el resultado es el peor.
Estos crímenes nos obligan a salir del análisis meramente penal. No alcanza con hablar de tipificación, agravantes o penas. Es necesario comprender que estamos frente a fenómenos que expresan desigualdades profundas, mandatos de poder y lógicas de dominación que siguen operando.
El cuerpo desmembrado es, en este sentido, un mensaje. Un mensaje violento, disciplinador, que busca instalar miedo, sometimiento y control sobre las mujeres.
Por eso, frente a estos hechos, la respuesta no puede ser solo punitiva. Debe ser también preventiva, estructural, cultural. Debe interpelar al Estado en su rol de garante, pero también a la sociedad en su conjunto.
Porque cada vez que una mujer (y peor aún, una niña) es asesinada y su cuerpo es destruido de esta manera, no estamos solo ante un crimen. Estamos ante el fracaso colectivo de haber permitido que la violencia llegue a su forma más extrema.
Y eso no puede naturalizarse. Nunca.
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