Los autores:
- Matías Leandro Rodríguez es Abogado, Comunicador y Secretario de Ministerio Público, 1° instancia en la Provincia de Buenos Aires.
- Ayelén Zuccarini es Abogada. Magister en Derecho Civil Constitucionalizado. Tutora Académica de la Especialización en Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencias de la UNPAZ.
¿A qué le tememos realmente cuando criamos? La pregunta no es menor. Tampoco es retórica. En una sociedad atravesada por cifras persistentes de violencia de género, femicidios, abusos y discursos de odio cada vez más naturalizados, resulta llamativo que todavía existan hogares donde la orientación sexual o la identidad de género de un hijo o una hija sean recibidas como una noticia devastadora. A pesar de décadas de avances normativos, de transformaciones culturales profundas y de un derecho de las familias que abandonó definitivamente los modelos patriarcales para abrazar la diversidad, aún sobreviven miradas que interpretan la diferencia como una amenaza y la libertad como un problema.
La escena es conocida. La revelación de una orientación sexual disidente o de una identidad de género diversa suele generar angustia, consultas urgentes, intentos de corrección más o menos explícitos y múltiples estrategias destinadas a controlar aquello que, en realidad, no requiere ser corregido. Como si el conflicto residiera en el amor. Como si el peligro estuviera en la identidad. Como si la diversidad fuera una anomalía capaz de alterar el orden familiar. Sin embargo, esa misma preocupación suele desaparecer frente a conductas cotidianas que deberían encender alarmas mucho más intensas: la humillación sistemática hacia los pares, la incapacidad de reconocer límites ajenos, el desprecio por las diferencias, la naturalización de la violencia como forma de resolver conflictos o la construcción de vínculos sostenidos en relaciones de poder profundamente desiguales.
La paradoja es inquietante. Nos seguimos preocupando por aquello que no genera daño alguno mientras permanecemos sorprendentemente tolerantes frente a las conductas que constituyen el terreno fértil donde luego germinan las distintas expresiones de la violencia machista. Allí donde debería existir una intervención educativa firme, muchas veces aparece la indulgencia. Allí donde debería promoverse la empatía, el respeto y la igualdad, todavía sobreviven discursos que justifican privilegios, celebran formas autoritarias de masculinidad o trivializan prácticas de dominación que más tarde se traducen en agresiones concretas. La sociedad continúa observando con sospecha las expresiones de libertad afectiva y sexual, pero rara vez reacciona con la misma intensidad cuando niños y adolescentes reproducen conductas que anticipan futuros vínculos atravesados por el control, la cosificación o la violencia. Estos escenarios no suelen activar alarmas ni generar signos de alerta, pero luego nos chocamos contra un expediente, una investigación penal, que revelan la fragilidad del Estado en su faz preventiva y en su deber de protección reforzada y actuación anticipatoria ante situaciones de vulneración.
Desde una perspectiva jurídica, esta inversión de prioridades resulta difícil de sostener. El artículo 19 de la Constitución Nacional consagra uno de los principios más importantes de nuestro sistema democrático al establecer que las acciones privadas de las personas quedan exentas de la autoridad de los magistrados mientras no perjudiquen a terceros. El llamado principio de lesividad no constituye solamente un límite al poder estatal; expresa una concepción profunda acerca de la libertad y acerca de cuáles son los comportamientos que justifican preocupación pública. Bajo esa lógica, la orientación sexual, la identidad de género y los proyectos de vida construidos libremente pertenecen al núcleo más protegido de la autonomía personal porque no producen víctimas ni lesionan derechos ajenos. En cambio, aquello que sí genera daño, sufrimiento y afectaciones concretas es la violencia en todas sus manifestaciones, desde sus formas más tempranas y aparentemente invisibles hasta sus consecuencias más extremas.
Sin embargo, buena parte de nuestros debates públicos parecen desarrollarse de espaldas a esta premisa constitucional básica. Las energías sociales continúan concentrándose en discutir identidades, cuestionar diversidades o alimentar pánicos morales vinculados a la educación sexual integral, mientras la realidad sigue revelando una verdad incómoda: mujeres asesinadas por razones de género, niñas víctimas de abuso, adolescentes atrapadas en relaciones violentas y familias enteras atravesadas por las consecuencias de una cultura que todavía educa a demasiados varones en la lógica de la dominación. Lo verdaderamente alarmante es que estas tragedias conviven con una creciente insensibilidad social que parece haberse acostumbrado a la violencia y que reacciona con mayor intensidad frente a una expresión de libertad que frente a una noticia de femicidio.
Desde esta lógica invertida, el femicidio de Agostina representa las promesas incumplidas de la protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes a más de un cuarto de siglo de vigencia de la Ley 26.061. Sin tapujos, condensa las profundas deficiencias de la corresponsabilidad y de la prevención pensadas como dos de sus ejes fundamentales, pero que hoy se revelan incapaces de sostener el sistema y que se corren cada vez más ante el avance o “refugio” del abordaje penal como respuesta a todo y ante el fracaso de las intervenciones tempranas.
En este contexto adquiere especial relevancia una corriente cultural cada vez más visible que pretende desacreditar las luchas feministas y ridiculizar la perspectiva de género. Con notable liviandad intelectual se insiste en instalar la idea de que las falsas denuncias constituyen un fenómeno generalizado, construyendo un relato que no encuentra respaldo serio en la evidencia empírica ni en la experiencia cotidiana de los tribunales. La insistencia obsesiva sobre casos excepcionales termina funcionando como una estrategia discursiva destinada a invisibilizar un problema estructural mucho más grave: la violencia real que padecen miles de mujeres y diversidades. El foco se desplaza deliberadamente desde las agresiones hacia la sospecha sobre quienes denuncian. La discusión deja de girar en torno a las violencias efectivamente existentes para concentrarse en la supuesta mendacidad de las víctimas. De ese modo, la excepción pretende convertirse en regla y el privilegio histórico encuentra nuevas formas de legitimarse bajo una apariencia de neutralidad.
Lo preocupante no es solamente la inconsistencia de ese diagnóstico sino sus efectos políticos y culturales. Cada vez que se exagera el fenómeno de las falsas denuncias para desacreditar los avances en materia de género, se contribuye a consolidar un clima social que desalienta la denuncia, debilita la confianza en las instituciones y trivializa la gravedad de las violencias efectivamente existentes. Se trata, en definitiva, de un mecanismo defensivo que permite evitar preguntas mucho más incómodas: qué modelos de masculinidad estamos reproduciendo, qué mensajes reciben los niños acerca del poder y del consentimiento, qué formas de desigualdad seguimos naturalizando y por qué todavía existen sectores dispuestos a proteger más los privilegios cuestionados que a las personas vulneradas.
La responsabilidad parental, tal como la concibe el Código Civil y Comercial de la Nación y la Convención sobre los Derechos del Niño, exige una mirada radicalmente distinta. Los hijos ya no son objetos de corrección ni extensiones de los proyectos frustrados de los adultos. Son sujetos de derecho cuya autonomía progresiva debe ser respetada y acompañada. En ese marco, la tarea de crianza no consiste en moldear identidades ni en vigilar afectos, sino en formar ciudadanos capaces de construir vínculos respetuosos, igualitarios y libres de violencia. La pregunta verdaderamente relevante para cualquier familia contemporánea no debería ser qué orientación sexual tendrá un hijo cuando crezca, sino qué relación desarrollará con el consentimiento, con los límites ajenos, con la empatía, con la diversidad y con la igualdad de derechos.
Quizás una de las mayores contradicciones de nuestro tiempo resida precisamente allí. Seguimos sospechando de aquello que expresa libertad mientras permanecemos excesivamente tolerantes frente a aquello que genera sufrimiento. Continuamos debatiendo sobre las identidades de quienes no dañan a nadie mientras llegamos tarde - con una denuncia, una medida cautelar, una exclusión del hogar o una perimetral - cuando la violencia ya produjo heridas profundas o consecuencias irreversibles. El problema nunca estuvo en los hijos que aman de manera diferente a la esperada. El problema siempre estuvo en las múltiples formas de crueldad que aprendimos a normalizar y que demasiadas veces elegimos no ver.
La pregunta que debería atravesar hoy a las familias, a las escuelas, a los operadores jurídicos y a la dirigencia política no es qué orientación sexual tendrá un hijo ni qué identidad asumirá cuando crezca, sino qué relación construirá con el consentimiento, con el respeto por los límites ajenos, con la igualdad y con la dignidad de las demás personas. Porque allí se juega buena parte de la posibilidad de construir una sociedad menos violenta y más democrática.
Once años después del femicidio de Chiara Páez -quien también tenía 14 años como Agostina- cabe preguntarse hasta qué punto seguimos cuestionando más la vida de las víctimas que su muerte. Y la respuesta no luce auspiciosa. Parecería que, ante la enorme dificultad de comprender y asimilar el horror, a la sociedad suele darle más tranquilidad pensar que la culpa fue de la víctima o de su familia, que la descuidó. Preferentemente apuntando a la (mala)madre, porque siempre una figura femenina es plausible de mayor señalamiento cuando de cuidados se trata.
Surge entonces la mala víctima como el opio de los pueblos, premisa sumamente funcional ante las resistencias a admitir el impacto de la corporación masculina y su sostenimiento alimentado por la necesidad machista de pertenecer. De conservar la cofradía y no incurrir jamás en el exilio hacia el territorio dominado, cuya soberanía les pertenece y en el que aún se inscriben las tareas de cuidado, entre ellas, la crianza. Crianza en la que siempre hay mucho más de causalidad que de casualidad, que hoy nos interpela con tanta crudeza y que nos lleva a preguntarnos qué mensajes les transmitimos a los niños y adolescentes varones de cara al cuidado del otro/a, la diversidad, los derechos y la justicia.
Porque un femicidio siempre es la definición del horror. Pero el femicidio de una adolescente nos tiene que mover incluso otros cimientos, lo que incluye pensar cómo estamos llenando la caja de herramientas a la que los niños y adolescentes de hoy echarán mano mañana, cuando se conviertan en hombres adultos que salen a trabajar, que tienen una vida en relación, una red de amigos, una familia. Y que pueden correrse de esa jurisdicción masculina que domina y oprime, si abren aquella caja de herramientas y no salen eyectados el lenguaje y el humor sexista, la descalificación, la invasión de espacios y las lógicas de dominación. Poner frenos al flagelo contra mujeres e identidades no hegemónicas implica, también, repensar y colectivizar los cuidados.
El desafío de vanguardia ya no es jurídico, porque el derecho hace tiempo que ofreció respuestas claras; el desafío es profundamente político, cultural y ético: dejar de regular el amor y empezar a hacernos cargo de los monstruos que fabrica nuestro propio prejuicio.
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