La ex pareja de Néstor Ortigoza, Lucía Cassiau, pidió la detención del ex futbolista y dirigente de San Lorenzo, quien habría violado la perimetral establecida por la Justicia.
En agosto inició una causa por violencia de género en la que se difundieron videos de agresiones en la intimidad de su casa. En uno de ellos golpea a su mujer frente a su hijo en la cocina de la casa y mientras en otro se lo ve darle un pelotazo mientras su pareja le pedía que no discutieran frente al niño.
Tras la denuncia el Juzgado de Familia N° 6 de Lomas de Zamora le había dictado una orden de restricción perimetral.
“Tengo miedo, me apuñalaron las ruedas del auto. El otro día salí y tenía una puñalada en el auto. El miedo es real, está acá”, indicó Cassiau.
“Estoy pasando el peor momento de mi vida, estoy muerta en vida, no tienen idea de lo que estoy pasando”, señaló entre lágrimas, y agregó “A la noche prendo las alarmas. Tengo miedo, pánico. Es un psicópata. Puede pasar cualquier cosa”.
La mujer añadió que Ortigoza tendría problemas con el consumo de drogas. “Que vaya a un tratamiento, que se cure, que priorice a los hijos. Que deje de arruinar la vida a sus cuatro hijos”, dijo.
Por su parte, San Lorenzo, donde se desempeña como mánager y vocal, pidió su renuncia al viralizarse la imágenes.
"A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución", indicaron desde la institución.
En ese sentido, señalaron que "el club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad".
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