El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este lunes que se eleve a juicio oral la causa contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas que están acusadas de extorsionar a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y desviar fondos para fines partidarios.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que habrían instaurado “entre junio de 2020 y marzo de 2024 una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica” y habrían defraudado al Estado “con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”.
Previo a la última feria judicial, la Cámara Federal de Casación, rechazó los recursos presentados por las defensas de Belliboni y los otros procesados.
El Juez Sebastián Casanello, a fines del año pasado, confirmó los procesamiento en una resolución que fue parcialmente confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones, había agravado la situación judicial, al agregar el delito de amenazas coactivas y extorsión.
Según indicó el magistrado, se comprobó que se desviaron los fondos que el Estado nacional remitía a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.
Entre junio de 2020 y diciembre de 2022 existieron cinco convenios entre la Secretaría de Economía Social e intermediaros por un monto de $361 millones y que parte del dinero fue desviado mediante la utilización de facturas "truchas" y la empresa Rumbos -sin actividad real-, para financiar la actividad partidaria del Polo Obrero.
“El desvío de los fondos no fue inocente, ni accidental sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación”, señaló Casanello.
Tras conocerse el fallo, Belliboni sostuvo que "sigue una línea de persecución política".
Comentarios recientes