Los nueve fiscales federales de primera instancia de los tribunales de Comodoro Py, se sumaron a los cuestionamientos contra la implementación del nuevo sistema acusatorio, planteado por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
A través de una nota que enviaron al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, argumentaron sobre las dificultades de la aplicación del nuevo sistema por la falta de recursos económicos y humanos necesarios para ello.
“Debemos advertir que el panorama actual dista de ser auspicioso. De lo contrario, existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen”, señalaron en el texto los fiscales, Gerardo Pollicita; Paloma Ochoa; Eduardo Taiano; Alejandra Mangano; Franco Picardi; Carlos Rívolo; Carlos Stornelli; Guillermo Marijuán y Ramiro González.
En el documento presentado al Procurador, los funcionario judiciales señalaron el “pleno respaldo al nuevo sistema acusatorio” porque entienden que es un modelo que respeta la Constitución Nacional en cuanto a su rol, pero advirtieron que es necesaria la coordinación con otras áreas y actores para que sea exitoso.
“La implementación de un sistema procesal sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente, en lugar de asentarse sobre un diagnóstico adecuado, la coordinación entre los actores del sistema y una apropiada planificación, resulta un riesgo cierto para su correcta puesta en funcionamiento”, destacaron los integrantes de Comodoro Py.
En tanto, señalaron: “Esta jurisdicción tiene competencia sobre la actuación de las principales autoridades nacionales por ser la sede central de los organismos públicos federales y la principal plaza económico-financiera de la República, lo que trae aparejado que se concentren aquí investigaciones de alta complejidad vinculadas con graves hechos de corrupción, delitos económicos, lavado de activos, criminalidad organizada, narcotráfico, trata de personas y otros fenómenos de particular gravedad y relevancia institucional”.
“La implementación del sistema acusatorio requiere de una adecuada planificación y la provisión de recursos humanos, herramientas tecnológicas, e infraestructura acorde a los fines del sistema. Solo así podrá garantizarse el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y el pleno cumplimiento de sus funciones en esta etapa clave de transformación del sistema judicial”, concluyeron en su misiva los fiscales federales.
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