El Ministerio de Salud de Mendoza dio un paso histórico al presentar las primeras diez denuncias judiciales contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos.
La medida busca frenar el descenso sostenido de las tasas de inmunización y contener el rebrote de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos convulsa.
La provincia se convirtió en la primera del país en recurrir a la Justicia para garantizar la aplicación de las vacunas, un procedimiento reglamentado en agosto de 2025 mediante la Resolución 2572. Las familias notificadas deben asistir a una audiencia en la que personal sanitario informa sobre los riesgos del incumplimiento y se les otorga un plazo de 30 días para regularizar la situación.
Si no cumplen, el caso se deriva al Equipo Técnico Interdisciplinario y a la Justicia Civil, donde pueden aplicarse sanciones que incluyen multas de entre USD 84.000 y USD 336.000, arresto de hasta cinco días o trabajos comunitarios, medidas que pueden duplicarse en caso de reincidencia.
El ministro de Salud, Rodolfo Montero, destacó que la prioridad es proteger el derecho a la salud de los menores, ante un escenario nacional con rebrotes y muertes infantiles por enfermedades prevenibles.
Por su parte, Iris Aguilar, del Departamento de Inmunizaciones, señaló que el mayor déficit se registra en vacunas de los 15 meses y en la adolescencia, especialmente en la vacuna contra el VPH.
La cobertura escolar supera el 80%, pero las autoridades buscan superar el 95% para evitar la reaparición de enfermedades que estaban controladas.
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